El COVID-19 ha tenido efectos significativos en las cárceles de todo el mundo. Por un lado, las instalaciones penitenciarias por lo general no están preparadas para un distanciamiento social efectivo, los contactos cercanos entre internos y con el personal penitenciario son extremadamente frecuentes. Por otro lado, muchos centros de detención carecen de las condiciones sanitarias para enfrentar la pandemia y hay escasez de salas de atención médica.
La crisis carcelaria es proporcionalmente más grave en América Latina. Los niveles de hacinamiento son muy superiores a la media mundial. Casi el total de los países tienen más presos que cupos, en algunos casos la sobreocupación es mayor a 200%. Este hacinamiento es producto de un crecimiento vertiginoso de la población carcelaria que en la mayoría de los países se ha duplicado en los últimos 15 años, y en algunos casos se ha triplicado el número de personas privadas de su libertad (PPL) en menos de 20 años.
Así, el COVID llegó a las cárceles de Latino América desnudando sus grandes fragilidades y acelerando los conflictos y retos que ya presentaba. Al hacinamiento, la escasez de recursos y bienes se suma el desafío sanitario de atender población vulnerable, a establecer nuevos protocolos que restrinjan la esencial comunicación de los presos con sus familias, y al temor a un contagio masivo que presione sobre los ya precarios sistemas hospitalarios de los países de la región. En resumen, un desafío humanitario y sanitario de grandes proporciones para los sistemas penitenciarios de los países en desarrollo.
Una Iniciativa
El presente reporte es el resultado de un esfuerzo colectivo por sistematizar información y lograr una primera imagen acerca de cuál fue el impacto y cómo han reaccionado los sistemas carcelarios de la región frente a la pandemia. En particular busca evaluar el efecto que el COVID-19 ha tenido entre los internos y el personal penitenciario, como ha intervenido el sistema de administración de justicia, cuáles fueron los efectos hacia la vida intra-muros, si hubo motines y violencia, y cuales han sido los efectos de las restricciones de visitas y contactos de los internos con el mundo exterior. Esta es una fotografía al 1ro de junio de lo que seguramente será una larga película que esperamos continuar.
Para tal propósito un conjunto de prestigiosos especialistas en la materia, de cada uno de los países de la región, han completado voluntariamente el instrumento desarrollado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (se anexa al final). El proceso recabó información de fuentes oficiales, y allí donde fue imposible obtenerla, o bien que eran de dudosa credibilidad, se recurrió a fuentes secundarias. Para los tres países federales (Brasil, México y Argentina) se recabó información del estado/provincia más grande en cada país y de otras jurisdicciones importantes. Dado que en estos países cada sistema es autónomo, hemos decidido reportar información de los sistemas (27) de 18 países.
Población en riesgo
Hay un porcentaje importante de internos que son particularmente vulnerables al COVID-19. De acuerdo a las clasificaciones oficiales, estos grupos son: los mayores de 65 años, aquellos PPL con problemas de salud preexistentes (primordialmente respiratorios, hepatitis, diabetes, etc.) o que son inmuno-deficientes. Los datos indican que más de la mitad de los sistemas tienen más del 5% de su población definida como “de riesgo”.
Primeras medidas adoptadas
En términos generales, los sistemas penitenciarios de los países de la región reaccionaron a las pocas semanas de la pandemia con medidas restrictivas para evitar los contactos de los internos con el mundo exterior. Esta estrategia instintiva dio lugar a la suspensión de las visitas familiares, y al cierre de algunas actividades que dependen del personal (staff) que llega a los penales desde afuera. Así, en todos menos en un sistema se restringieron o se eliminaron los regímenes de visitas. Esto, como veremos, pudo haber tenido fuerte impacto en reacciones organizadas de los internos, especialmente en los amotinamientos.
Una mirada hacia el futuro
El COVID 19 seguirá seguramente alterando la “normalidad” de los centros penitenciarios de la región. Los investigadores y especialistas responsables de este informe estiman que las autoridades y la sociedad en su conjunto deberá instrumentar medidas que contemplen especial atención a los siguientes procesos:
- La presión de la sobrepoblación va a seguir creciendo
- Luego de un hiato, el delito muy probablemente crezca y también los niveles de encarcelamiento
- El COVID-19 se va a propagar en todas las unidades penitenciarias
- Es probable que mueran más PPL así como también personal penitenciario
- El impacto en programas laborales puede ser muy significativo
- La reducción de programas educativos también tendrá incidencias de corto y largo aliento
- El ocio por falta de actividades dentro de las unidades puede resultar un cocktail peligroso
- Los mercados ilícitos dentro de las cárceles se van a diversificar y se irán buscando nuevas formas de abastecimiento externo. Las consecuencias pueden ser impredecibles
- La calma actual puede sostenerse si las autoridades flexibilizan los criterios de aislamiento y se adecuan a las nuevas necesidades. O bien, puede desmoronarse provocando escaladas de violencia, incluyendo motines sangrientos.
- La pandemia puede significar una oportunidad para un replanteo integral de las políticas penitenciarias de la región
Fuente: Sociedad de criminología Latinoamericana