Tras casi 17 horas de debate, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. En una sesión marcada por la tensión política y las protestas en las inmediaciones del Congreso, los tres senadores por Córdoba acompañaron la iniciativa, aunque con argumentos y matices propios.
Alejandra Vigo, del bloque Hacemos por Córdoba, respaldó el proyecto en general, pero dejó en claro sus diferencias en la discusión en particular. La legisladora sostuvo que el mercado laboral argentino necesita una actualización normativa, especialmente para dar respuesta a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Señaló que en Córdoba el 89% del empleo es privado y que gran parte se concentra en microempresas de hasta cinco trabajadores.
Entre los puntos que defendió, remarcó la necesidad de reducir la litigiosidad laboral y otorgar mayor previsibilidad jurídica a los empleadores. Sin embargo, expresó reparos sobre la implementación del banco de horas si no se garantiza su carácter optativo y el respeto al pago de horas extras. También cuestionó la derogación masiva de estatutos especiales y planteó dudas sobre el Fondo de Cese Laboral, al advertir que podría dejar al trabajador al margen de beneficios similares a los que en su momento generaron críticas a las AFJP. En el cierre, pidió al Gobierno nacional asumir un rol de “árbitro” y promover mayor diálogo con todos los sectores.
Desde La Libertad Avanza, Carmen Álvarez Rivero defendió la reforma como una herramienta central para reactivar la contratación formal. Sostuvo que el actual esquema convirtió el empleo en un “riesgo financiero” para quien contrata y que la reducción de la litigiosidad permitirá impulsar nuevas empresas. También destacó la descentralización de la negociación colectiva y el régimen de incentivo al blanqueo laboral.
La senadora elogió la conducción de Javier Milei y consideró que la norma representa un cambio de paradigma hacia “las ideas de la libertad”. No obstante, reconoció que, desde su perspectiva, la ley podría haber avanzado aún más en términos de flexibilización.
Luis Juez, del Frente Cívico, también votó afirmativamente. Aunque no intervino en el recinto, ya había anticipado su postura y defendió la necesidad de modernizar convenios que —según afirmó— responden a lógicas del siglo pasado. Planteó que el mercado laboral debe adaptarse a los desafíos tecnológicos y consideró que esta reforma es apenas un primer paso dentro de un proceso más amplio que debería incluir cambios en la estructura impositiva.
Además, se refirió a las protestas registradas durante la sesión y cuestionó a los sectores que protagonizaron disturbios, al tiempo que sostuvo que ninguna reforma puede prosperar en un contexto de conflicto permanente.
