Durante su columna, Galán sostuvo que la iniciativa del presidente Javier Milei parte de una “gran estafa”, al modificar derechos de trabajadores activos y no limitarse a los nuevos empleos. “La reforma no es para generar nuevos puestos de trabajo, sino para cambiar los convenios colectivos”, afirmó, y remarcó que afecta cuestiones centrales como jubilaciones, vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas.
En ese sentido, cuestionó el argumento oficial de que la reforma permitiría reducir la informalidad laboral. “Esto no va a generar empleo cuando la economía se achica, se abre la importación y se destruyen puestos de trabajo en la construcción, el textil y otros sectores”, señaló. Además, recordó que incluso programas estatales subsidiados, como el Más 26 o el Primer Paso, no lograron cubrir todos sus cupos en Córdoba por la falta de demanda empresarial.
Galán advirtió que la reforma laboral beneficia principalmente a los sectores económicos más concentrados. “Sirve para que sea más barato contratar a un trabajador y también más barato despedirlo”, afirmó, y vinculó el proyecto con otras medidas incluidas en el paquete legislativo, como el intento de derogación del estatuto del periodista y el desfinanciamiento de los fondos de fomento para medios comunitarios, el cine y la cultura.
También denunció el recorte en ciencia y tecnología. “Se desfinanciaron todos los proyectos de investigación y desarrollo de las universidades para los próximos tres años”, señaló, y sostuvo que existe un objetivo deliberado de “convertir a la Argentina en un país productor de materia prima, sin ciencia, sin tecnología y sin desarrollo cultural”.
En el plano provincial, Galán se refirió al conflicto por el eventual aumento del aporte adicional del 4% a los empleados estatales y sostuvo que esa discusión “es el árbol que tapa el bosque”. Según explicó, el problema de fondo es que el Estado nacional dejó de transferir a Córdoba los fondos compensatorios que corresponden por ley para sostener su sistema previsional. “La Nación debería haber enviado este año al menos 400 mil millones de pesos y no mandó un peso”, afirmó.
En ese marco, indicó que se abrió un debate más profundo sobre posibles alternativas, como aportes diferenciados según el nivel salarial, topes a las jubilaciones más altas o incluso la eventual transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación. “Hoy hay un contexto distinto al de otros años. Puede haber más consenso social para discutir estos temas”, sostuvo.
Galán remarcó que se trata de un debate sensible, ya que involucra a un sector de trabajadores que aún conserva derechos que gran parte de la sociedad no tiene. “Estamos hablando de empleados formales que tienen estabilidad, jubilación, licencias, derechos que el resto de los trabajadores no tiene, y cuyo sistema previsional se sostiene con aportes de toda la sociedad”, explicó.
Finalmente, advirtió que el cierre del año encuentra a la provincia y al país en una situación “muy dura”, atravesada por conflictos laborales, recortes de derechos y una creciente discusión social sobre el rol del Estado y la distribución de los recursos.
Escuchá la columna completa con Marco Galán acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
Foto: Izquierdaweb.com
