En diálogo con La Despensa, Galán recordó que la norma original fue sancionada durante la gestión de Juan Schiaretti, y explicó que la modificación aprobada por la Legislatura provincial “reconoce la función social de cooperativas, mutuales, sindicatos y organizaciones que trabajan por el derecho al hábitat”.
“Esta ley es una modificación de la 10.362, que preveía que los municipios y comunas pudieran hacer loteos de forma expeditiva, sin pasar por trámites como los de ambiente o recursos hídricos. Así se podían realizar loteos sociales más rápidamente”, explicó.
El dirigente señaló que, pese a los avances del programa Lo Tengo, muchas cooperativas y mutuales fueron tratadas como desarrollistas privados: “Nos piden dejar un 10 o 15% de la tierra como si fuera una ganancia o plusvalor. No había reconocimiento de la función social que cumplimos. Nosotros organizamos familias que no pueden acceder a la tierra ni a la vivienda y garantizamos derechos, no buscamos lucro”.
Galán subrayó que esta ley coloca a las entidades sociales en un nuevo lugar dentro de la política habitacional: “Reconoce que las cooperativas, las mutuales, los sindicatos y las organizaciones sociales trabajamos en función del bien común, y que el Estado puede promovernos mediante la declaración de interés social y trámites más simples para aprobar loteos y planes de vivienda”.
Respecto del impacto social esperado, el dirigente estimó que hay más de 12.000 lotes en producción y muchos más que podrían impulsarse con esta herramienta: “Esperamos que haya un programa provincial que promueva esto, con financiamiento y participación estatal en obras de infraestructura. Si el Estado acompaña, Córdoba puede encontrar un camino para abordar un drama social que afecta a más de 200.000 familias”.
Por último, Galán destacó que la ley podría abrir una etapa de articulación entre el Estado y las organizaciones sociales: “Podemos generar un nuevo modelo asociativo donde cooperativas, mutuales y sindicatos se unan al Estado para atender esta demanda”.
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