“En Córdoba hay muchísimas cooperativas, mutuales, sindicatos e instituciones sin fines de lucro que nos hemos puesto a trabajar en la problemática de la tierra y la vivienda. Lo hicimos en un contexto de autogestión, con el financiamiento de los propios socios”, explicó Galán.
El referente social señaló que la nueva ley “asimila a los loteos sin fines de lucro a desarrollos que tienen una función pública y social”, y que deja atrás un trato desigual con respecto a los grandes emprendimientos privados: “Nos pedían lo mismo que a un desarrollista, cuando nosotros no buscamos lucro. Con esta ley, el Estado nos reconoce como actores distintos”.
Galán consideró que la aprobación constituye “una conquista” y “una reparación histórica” para el movimiento cooperativo y mutual de Córdoba. Sin embargo, advirtió que la norma “por sí sola no va a resolver el problema de las familias que necesitan vivienda”, un universo que —según estimó— alcanza a unas 230 mil en la provincia.
“Más del 25 o 30 por ciento de los cordobeses y cordobesas no tienen casa”, remarcó. En ese sentido, lamentó el cierre de políticas nacionales como Procrear y el FONAVI, y cuestionó la falta de programas de vivienda a nivel provincial y municipal.
Galán subrayó que el próximo desafío será lograr que el presupuesto 2026 incluya una partida específica para la construcción de viviendas a través del sistema cooperativo. “Queremos que Córdoba pueda tener una política de vivienda producida por la economía solidaria. No se trata de megas licitaciones ni de empresas grandes, sino de proyectos donde los socios y socias participen del control y la construcción y aporten parte del costo de la vivienda”, sostuvo.
Finalmente, planteó que este modelo permitiría “multiplicar los recursos generando trabajo, desarrollo local y atendiendo la demanda de vivienda”, e instó a que la provincia avance en una política de financiamiento para el sector.
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