A partir de su último libro basado en su tesis doctoral, el director de la Mutual Carlos Mugica, vuelve a poner en agenda la alarmante situación del acceso a la tierra y la vivienda en Córdoba, proponiendo soluciones concretas desde la autogestión y la economía solidaria frente al retiro del Estado y la especulación inmobiliaria.
La provincia de Córdoba enfrenta un grave déficit habitacional, evidenciado por la existencia de cerca de 200.000 viviendas vacías que son utilizadas como una forma de inversión, lo que genera una búrbuja inmobiliaria. Paralelamente, 100.000 familias cordobesas han ocupado lotes individuales, viviendo en la inseguridad de no tener su título de propiedad, una situación que afecta a casi 400.000 cordobeses.
Además, existen 318 asentamientos, villas o barrios populares relevados, donde aproximadamente 30.000 familias viven en informalidad, careciendo de servicios básicos como agua, cloacas, apertura de calles y escrituras, y muchas veces con viviendas deficitarias. Esta problemática se ha visto agravada por el retiro del Estado, que ha desfinanciado su presencia y dejado la intervención sobre la tierra y la vivienda en manos de sectores privados. La eliminación del Fondo de Integración Sociourbana interrumpió obras en ejecución y agudizó la pobreza, dejando espacio para la ocupación de territorios por bandas criminales y el narcotráfico.
Frente a este panorama, Marco Galán y la Mutual Carlos Mugica proponen alternativas y soluciones concretas que ya están en marcha y podrían potenciarse con un Estado promotor. Una de las estrategias clave es la producción de lotes con servicios por parte de los sectores de la economía solidaria, incluyendo mutuales, sindicatos y cooperativas, que demuestran su capacidad para comprar tierras, lotearlas y autogestionar fondos.
Experiencias exitosas incluyen la creación de 400 lotes con servicio en Malvinas Argentinas con participación municipal. En Villa María y Villanueva, el «Encuentro Comunitario» y la Mutual Mujica han logrado generar entre 2.500 y 2.800 lotes y viviendas en los últimos 12 años, incluyendo el Barrio Padre Mujica con 650 viviendas ya terminadas, abordando el 50% del déficit habitacional en esas localidades.
Se reclama que el Estado no solo actúe como financiador, sino que asuma un rol promotor y acompañante, facilitando la aprobación de loteos sin tratar a las organizaciones como privados, financiando redes de infraestructura como electricidad y agua, y restableciendo una política de crédito social para la vivienda. Se destaca que las cooperativas y mutuales pueden ejecutar obras de manera más eficiente y a menor costo que el Estado tradicional, ya que no tienen fines de lucro y se organizan para resolver problemas sociales y garantizar derechos constitucionales.
Galán afirma que «el objetivo es cambiar la percepción de que la vivienda es inalcanzable y volver a colocarla como un derecho humano fundamental. Sin el techo donde se construye la familia, es muy difícil hablar de salud, educación o de otros derechos». La propuesta incluye la necesidad de una ley que reconozca el trabajo autogestivo de cooperativas y mutuales, y la recuperación de experiencias exitosas como la construcción de 2.500 viviendas por el sistema cooperativo como en la década del 90. Además se plantea la ambiciosa meta de alcanzar el déficit habitacional cero en Córdoba en un mediano y largo plazo.
Este debate, que se busca llevar a la mesa electoral y a foros en distintas localidades, incluyendo el movimiento obrero, no es solo una denuncia del problema, sino una demostración de que existen formas de salir y que la vivienda es posible de resolver a través de la articulación entre las organizaciones populares y un Estado comprometido.
«Derecho a la ciudad. Estrategias populares de acceso a la tierra y su relación con las políticas públicas en Córdoba entre 1991 y 2017» podés descargar el libro de Marco Galán en este link.
