El presidente de la Mutual Carlos Mugica y director de Radio Comunitaria La Ranchada, Marco Galán, se refirió a la situación generada en torno a los cambios propuestos por el Gobierno nacional en la Ley de Integración Socio-Urbana y su impacto en los barrios populares.
En diálogo con La Ranchada, Galán destacó la importancia de la asamblea y conferencia de prensa realizada en el Arzobispado de Córdoba junto a la Mesa de Barrios Populares. “Fue muy importante lo del jueves en Córdoba, tuvo repercusión en medios locales y nacionales. Se está construyendo una nueva perspectiva de la Iglesia junto a los pobres, acompañando a quienes sufren el riesgo de ser desalojados”, expresó.
En ese sentido, valoró el posicionamiento del arzobispo Ángel Rossi y su mensaje en defensa del derecho a la tierra y la vivienda: “Cuando se habla de propiedad privada parece que fuera solo de los ricos, pero también es el derecho de cada familia a tener su casa”.
Galán señaló que la jornada tuvo un fuerte impacto simbólico: “Ver en el Arzobispado el cartel de ‘tierra, techo y trabajo, derechos sagrados’, junto a las banderas de las organizaciones, marca un nuevo tiempo en Córdoba”.
Respecto a los cambios en la ley, adelantó que el Gobierno nacional habría decidido dar marcha atrás con el capítulo vinculado a la integración socio-urbana. “Estamos relevando que el gobierno ha desistido. Es una primicia, todavía no es público, pero se habría decidido sacar ese capítulo porque no iba a pasar por el Congreso”, explicó.
Según indicó, esta decisión responde a la presión de distintos sectores: “Fue muy fuerte lo que hicieron organizaciones como Cáritas, la Iglesia, los movimientos populares y también legisladores que se posicionaron frente a esta modificación”.
No obstante, advirtió que persisten otros intereses en el proyecto oficial: “Al gobierno le interesa avanzar con otros puntos, como liberar restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros o modificar la Ley de Fuego”.
En relación a la situación actual, Galán alertó sobre el riesgo que implicaban los cambios propuestos: “Hay más de 150 juicios de desalojos activos a nivel nacional y 22 en Córdoba. Si se quitaba el freno legal, muchos de esos procesos podrían haberse acelerado”. Y agregó: “Muchos jueces responden a intereses privados y eso podría haber generado cientos de desalojos en todo el país”.
Finalmente, consideró que la movilización y la visibilización del conflicto fueron claves: “Tiene sentido lo que se hace desde los movimientos sociales, como también otras luchas como la ley de discapacidad o el financiamiento universitario. Todo eso está teniendo repercusión en el Congreso”.
Galán remarcó que, si bien la situación sigue en desarrollo, el retroceso en este punto representa una señal positiva en la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.
Escuchá la columna completa con Marco Galán acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
