“Estamos hablando de ingresos que hoy sostienen la vida cotidiana de muchísima gente y que además están vinculados a tareas comunitarias fundamentales”, señaló Galán en diálogo con La Ranchada.
El dirigente explicó que el programa tiene su origen en la ley de emergencia social sancionada durante el gobierno de , que reconocía a los trabajadores de la economía popular a través del salario social complementario.
Con el paso de los años, esa política fue adoptando distintos nombres, como Potenciar Trabajo durante la gestión de , hasta convertirse en Volver al Trabajo. “Este programa llegó a abarcar a millones de personas que no tienen empleo formal: feriantes, recicladores, trabajadores de comedores, de medios comunitarios, cooperativistas. Es un universo enorme de la economía popular”, detalló.
Galán remarcó que el monto del programa se encuentra congelado desde hace más de dos años en 78 mil pesos, lo que implicó una fuerte pérdida de poder adquisitivo. “El gobierno lo fue vaciando de a poco: congeló el ingreso, le quitó presupuesto y también desarticuló el vínculo con las organizaciones donde se realizaban tareas comunitarias”, explicó.
En ese sentido, advirtió que muchas de las personas beneficiarias cumplen funciones en comedores y merenderos, sosteniendo redes de contención en los barrios.
La nueva propuesta oficial consiste en reemplazar el programa por vouchers de capacitación, es decir, bonos que las personas podrían utilizar para formarse en instituciones privadas.
Para Galán, se trata de una medida alejada de la realidad: “En un contexto donde se están cerrando empresas y se pierden puestos de trabajo, pensar que alguien se va a capacitar y automáticamente va a conseguir empleo formal es una fantasía”. Además, señaló que la propia información oficial indica que la política de capacitación tuvo un alcance mínimo hasta el momento.
El dirigente subrayó que la medida tendrá consecuencias directas en Córdoba, donde numerosas organizaciones sociales, cooperativas y espacios comunitarios dependen de este ingreso para sostener sus actividades. “Hay compañeras que con esos 78 mil pesos van uno o dos días por semana a cocinar en un merendero o a sostener un espacio comunitario. Eso está en riesgo”, afirmó.
Frente a este escenario, distintos movimientos populares ya preparan un plan de lucha a nivel nacional, con jornadas de protesta previstas para el 31 de marzo y el 7 de abril. “Se está generando un daño muy grande. No solo se pierden ingresos, sino también el vínculo con el trabajo comunitario. Por eso convocamos a organizarnos y dar una respuesta colectiva”, concluyó.
Escuchá la columna completa con Marco Galán acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón
