Organizaciones y asambleas cordobesas manifestaron su profunda preocupación ante la intención del Poder Ejecutivo Nacional de modificar la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección del ambiente glaciar, principal reserva de agua dulce del país. En diálogo con Radio La Ranchada, la abogada María Laura Carrizo, coordinadora del área de ambiente de Fundeps, explicó los alcances y riesgos de la iniciativa.
“Lo que están intentando es modificar la ley de glaciares que fue sancionada hace ya varios años en un contexto de luchas sociales y con un fuerte impulso del sector científico”, señaló Carrizo. Y advirtió que lo que se propone no es una reforma menor: “No implica una simple modificación legislativa, sino una alteración muy profunda de las reglas que resguardan el agua, que es un bien esencial para el sostenimiento y el desarrollo de muchas regiones del país”.
La letrada explicó que uno de los cambios centrales es la incorporación del concepto de propiedad “absoluta y exclusiva” de las provincias sobre los recursos naturales. “Ese concepto no existía antes en el derecho vinculado a los bienes colectivos de la naturaleza”, sostuvo. Según detalló, el sistema actual establece que la Nación debe dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, tal como lo indica la Constitución Nacional, y que las provincias no pueden retroceder sobre esos estándares.
“Lo que se viene a quebrar es ese sistema de protección mínima”, afirmó. En ese sentido, advirtió que la reforma habilitaría a las provincias a disponer sobre el ambiente glaciar y periglaciar sin el debido respaldo científico o técnico, y bajo fuertes presiones económicas, especialmente en territorios atravesados por la megaminería.
Carrizo señaló que la preocupación no es exclusiva de Córdoba, sino que se replica en asambleas y organizaciones de todo el país, particularmente en provincias cordilleranas como La Rioja, Tucumán, Salta, Mendoza, Río Negro y Chubut. “El ambiente es un bien colectivo, es de todos, y nuestros representantes tienen un mandato constitucional que cumplir: proteger el agua, el ambiente y los derechos humanos”, enfatizó.
Además, alertó que la propuesta vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina. “Esta modificación vulnera el sistema legislativo vigente y el derecho internacional, y abre la puerta a otras reformas que también impliquen violaciones de derechos”, expresó.
Aunque Córdoba no posee glaciares, Carrizo explicó por qué la ciudadanía local debe involucrarse en el debate. “El ambiente no entiende de fronteras ni de límites provinciales. Una afectación en la cordillera va a tener consecuencias a largo plazo para todos los argentinos y argentinas, e incluso para países vecinos”, sostuvo. Por eso, remarcó que el esquema constitucional de presupuestos mínimos existe justamente para garantizar una protección uniforme en todo el territorio nacional.
Desde Fundeps, la organización en la que se desempeña, vienen trabajando de manera sostenida en la defensa del ambiente. Carrizo destacó el proceso judicial por el saneamiento de la cuenca del lago San Roque, actualmente en etapa de ejecución de sentencia, así como el seguimiento del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. “Estamos en un contexto muy desafiante, donde hay vulneraciones de derechos continuas y muchas veces vamos corriendo detrás de procesos que sabemos que pueden implicar consecuencias severas a futuro”, reflexionó.
Finalmente, subrayó la urgencia del debate parlamentario. “Sería realmente grave que se apruebe una modificación con estas características porque rompe el sistema constitucional vigente de protección de los recursos naturales”, concluyó.
Escuchá la nota completa con María Laura Carrizo acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
