Con la publicación del decreto 534/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei formalizó este lunes el veto total a tres leyes clave de contenido social que habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso Nacional. Se trata de las iniciativas que establecían un aumento de emergencia del 7,2% en los haberes jubilatorios, un bono mensual de $110.000, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta 2026.
La decisión generó un fuerte revuelo político y social, ya que las normas habían sido impulsadas por sectores opositores y ampliamente respaldadas por colectivos de jubilados, organizaciones de discapacidad y agrupaciones previsionales.
Según el Gobierno nacional, las leyes vetadas eran “fiscalmente irresponsables” y violaban la Ley de Administración Financiera al no establecer fuentes de financiamiento genuinas. En el texto del decreto, el Ejecutivo argumentó que la implementación de estas medidas significaría un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026, lo que comprometería seriamente las metas de equilibrio presupuestario.
“Estas iniciativas, aunque loables desde una perspectiva social, no respetan la disciplina fiscal que hemos trazado como uno de los pilares innegociables de nuestra gestión”, indica el decreto firmado por Milei. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que los proyectos representaban cerca del 1% del PBI este año y 1,68% el próximo, lo que consideró «inviable».
Además del argumento económico, el Gobierno cuestionó la legalidad del proceso legislativo que dio origen a las leyes. Denunció que la sesión del Senado del 10 de julio en la que se dio sanción definitiva fue “viciada por nulidades”, debido a que no se habría respetado el procedimiento reglamentario de citación previa. Según el Ejecutivo, también hubo una incorrecta aplicación de la mayoría necesaria para aprobar los proyectos.
El primer proyecto vetado proponía una actualización inmediata del 7,2% en los haberes jubilatorios, la creación de un bono mensual de $110.000, ajustable según inflación, y transferencias automáticas a las cajas previsionales provinciales no transferidas, afectadas por los recortes nacionales.
En segundo lugar, la ley de moratoria previsional reinstauraba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo a personas sin los 30 años de aportes jubilarse mediante un plan de pagos. También se flexibilizaban los requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Por último, el proyecto de emergencia en discapacidad declaraba esa situación hasta 2026 e incluía medidas urgentes como la creación de nuevas pensiones no contributivas, compensaciones económicas para prestadores de servicios del sistema de discapacidad y prioridad en la atención estatal para personas con discapacidad.
Tras el veto presidencial, el futuro de estos proyectos vuelve a quedar en manos del Congreso. Para revertir la decisión del Ejecutivo e insistir con la sanción de las leyes, será necesario que ambas cámaras reúnan una mayoría calificada de dos tercios, algo que, de momento, parece difícil de alcanzar dada la fragmentación política actual.
Desde la oposición ya anticiparon que buscarán avanzar en ese sentido. Legisladores del peronismo, el radicalismo y algunos bloques federales cuestionaron duramente el veto, señalando que afecta a los sectores más vulnerables y se contradice con los discursos de campaña que prometían “proteger a los jubilados”.
“Estamos hablando de un aumento mínimo para los que menos tienen. Es una decisión cruel y contraria a la justicia social”, expresó un senador de Unión por la Patria.
Por su parte, organizaciones sociales y de derechos humanos también manifestaron su rechazo. Desde el colectivo Discapacidad en Lucha emitieron un comunicado alertando que el veto «agrava una situación crítica» y representa «un retroceso en la protección de derechos básicos».
Esta decisión refuerza el perfil fiscalista del Gobierno de Javier Milei, que ha convertido la reducción del gasto público en el eje central de su política económica. “El equilibrio fiscal es innegociable”, repite el presidente en cada intervención. No obstante, las consecuencias sociales del ajuste comienzan a generar resistencias crecientes en distintos sectores del país.
