Tras casi 30 años de trabajo en las cercanías de Tribunales Federales, Sonia Lizardo denuncia la falta de respuestas oficiales y la criminalización que sufren los cuidadores de autos que han quedado fuera del sistema de cooperativas.
Sonia Lizardo y su marido dedicaron tres décadas de su vida a trabajar como cuida coches en la zona de Tribunales Federales, en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, a raíz de las nuevas políticas que restringen esta actividad de manera informal, fueron desplazados de su lugar de trabajo sin recibir una alternativa concreta de subsistencia. A sus casi 60 años, y con problemas de salud como artrosis y diabetes, Sonia relata que conseguir un nuevo empleo es una tarea prácticamente imposible debido a la edad.
El reclamo, presentado ante la Secretaría de Políticas Sociales, no es por un subsidio temporal, sino por una oportunidad laboral genuina. «Yo quiero trabajo. No quiero una ayuda, porque te dan 200.000 pesos, te los comiste y después ¿qué haces?», sentenció Lizardo, quien además manifestó su preocupación por poder seguir pagando su vivienda de la cooperativa Horizonte.
Más allá de la urgencia económica, el testimonio de Sonia revela un profundo dolor por el trato recibido por parte de las autoridades. Según su relato, tanto ella como su familia han sufrido episodios de violencia y hostigamiento por parte de la Guardia Urbana y la Policía. Uno de los hechos más graves descritos fue la detención de su marido mientras vendía dulces, quien —según denuncia— fue golpeado y retenido durante tres días sin considerar su delicada condición de salud.
Actualmente, Sonia espera una respuesta que les permita integrarse a una cooperativa de trabajo, buscando recuperar la dignidad de un oficio que desempeñaron durante toda una vida. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para quienes, como ella, sienten que las políticas oficiales los han dejado en el desamparo total.
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