A pesar de que el artículo 53 de la ley de presupuesto provincial estipula que el 5% de todas las contrataciones del Estado deben destinarse a cooperativas y mutuales de la economía popular, las organizaciones denuncian que esta norma no se cumple, privando al sector de recursos vitales y oportunidades de trabajo genuino.
Organizaciones de la economía social y solidaria de Córdoba han intensificado su reclamo para que el gobierno provincial cumpla con una normativa clave que podría generar un fuerte impulso para el sector: destinar el 5% de todas las compras y contrataciones públicas a cooperativas, mutuales y otras asociaciones civiles registradas. Esta medida, establecida en la ley de presupuesto provincial, busca fortalecer a un sector que genera trabajo e inclusión para quienes a menudo son descartados por el mercado laboral.
El reclamo, que se viene sosteniendo desde hace varios años, surge de la falta de materialización de esta disposición legal. Aunque existen algunas experiencias aisladas donde ciertos ministerios, como el de Educación o Desarrollo Humano, contratan a cooperativas para tareas de mantenimiento o refacciones, estas son insuficientes y no reflejan el espíritu de la ley. Las organizaciones señalan que ministerios con grandes presupuestos, como el de Infraestructura, no abren sus licitaciones a este sector, a pesar de que existen cooperativas con capacidad para realizar tareas de bacheo, construcción de cordón cuneta, entre otras.
Un ejemplo paradigmático es el presupuesto de publicidad oficial. De un gasto gubernamental de aproximadamente 25.000 millones de pesos en pauta, casi el 99% se dirige a grandes medios privados y grupos concentrados. Las organizaciones calculan que el 5% de ese monto, más de 1.000 millones de pesos, podría financiar a medios comunitarios y cooperativos, permitiéndoles pagar servicios básicos, mejorar su producción de contenidos y seguir abriendo sus micrófonos a la comunidad.
Las cooperativas no solo ofrecen servicios a un costo menor, generando un ahorro para el Estado, sino que también promueven un modelo de trabajo inclusivo y mano de obra intensiva, en contraste con un sector privado que a menudo prioriza la tecnología sobre las personas. “Somos empresas sociales que promovemos la inclusión social a partir del trabajo”, afirma Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mugica, destacando que sus organizaciones son la última barrera de contención para mujeres víctimas de violencia, personas que han salido de la cárcel o jóvenes recuperándose de consumos problemáticos.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, las organizaciones planean una hoja de ruta que incluye:
• Ir a discutir el presupuesto 2026 para que el artículo quede redactado sin ambigüedades y sea de cumplimiento obligatorio para todos los ministerios, agencias y entes autárquicos.
• Crear mesas de trabajo con la Legislatura y el Poder Ejecutivo para definir cómo implementar la norma de manera efectiva.
• Solicitar la flexibilización de los requisitos en las licitaciones, como las garantías patrimoniales, y el fraccionamiento de las grandes contrataciones para permitir la participación de más cooperativas.
El reclamo se fundamenta en el derecho constitucional al trabajo, argumentando que si el mercado no lo garantiza, el Estado debe ser el garante, utilizando el presupuesto público para fomentar la economía social en lugar de seguir engordando a empresas concentradas. «La demanda no es crear nuevos gastos, sino redirigir los ya existentes hacia un sector que reinvierte sus beneficios en más trabajo y mejores condiciones laborales para la comunidad», concluyó Galán en comunicación con «Las Tres T».
