En un nuevo capítulo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo colectivo para exigir la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta herramienta judicial busca que se garanticen prestaciones básicas y el acceso a servicios esenciales que hoy se encuentran comprometidos por barreras económicas y administrativas.
El amparo por discapacidad es una acción judicial rápida y efectiva mediante la cual una persona o un colectivo de personas con discapacidad pueden acudir a la Justicia para proteger sus derechos cuando son vulnerados por autoridades públicas o actores privados, como obras sociales y empresas de medicina prepaga. El objetivo central es asegurar la igualdad de condiciones y la cobertura de servicios esenciales para un sector que históricamente ha enfrentado limitaciones y discriminación.
La medida llega luego de que el presidente Javier Milei promulgara la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendiera su ejecución, a la espera de que el Congreso Nacional defina las partidas presupuestarias específicas. Esta decisión desató un profundo rechazo de asociaciones y referentes del sector, que ven en esta suspensión un retroceso en materia de derechos adquiridos.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo dispuso la reasignación de $121.364 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde otras partidas presupuestarias. Sin embargo, mantiene congelado el Programa Incluir Salud en su configuración actual, lo que genera incertidumbre en miles de beneficiarios que dependen de este programa para acceder a medicamentos, terapias y asistencia integral.
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la ley y el decreto que pospone su implementación, el Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad difundió un comunicado en el que expresó su malestar. “Expresamos nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando esta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”, señaló la entidad.
El comunicado también instó a las autoridades a revertir la situación de inmediato, alertando que la postergación de la ley “pone en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día”. La declaración refleja un creciente malestar en el sector, que considera que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe tener una aplicación inmediata y sin restricciones para responder a las necesidades urgentes de esta población.
En la misma línea, la referente María Sánchez Snipe afirmó que promulgar la ley y no reglamentarla constituye “un atentado contra la Constitución nacional”. Según explicó, la suspensión de la normativa “no solo vulnera derechos consagrados, sino que también agrava la situación de desigualdad en la que ya viven muchas personas con discapacidad en el país”.
Frente a este panorama, las asociaciones y colectivos avanzan por la vía judicial con un amparo colectivo, herramienta que busca defender el pleno acceso a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. Con esta presentación, esperan que la Justicia ordene al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley y la asignación efectiva de los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y servicios contemplados.
