Los movimientos sociales describen la situación actual como de “inseguridad alimentaria”, y aseguran que miles de familias atraviesan un deterioro cada vez mayor. En ese marco, el exiguo incremento del SMVM fue interpretado como una “falta de respeto”, y la propuesta oficial para desmontar el mecanismo que actualiza la AUH terminó de precipitar la convocatoria al Congreso.
La protesta es impulsada por la UTEP y Territorios en Lucha. Está prevista para el martes a las 11, tanto en la sede legislativa como en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema: “Con las pibas y los pibes, no”. El comunicado de las organizaciones recuerda que el proyecto de Presupuesto 2026 “propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160”, que vinculan “las actualizaciones de las asignaciones familiares y la AUH a la fórmula de movilidad previsional de ANSES, basada en la inflación”.
Marina Joski, referente de Barrios de Pie, una de las convocantes, cuestionó el incremento del SMVM acordado en el último Consejo del Salario: “En el último Consejo del Salario, la propuesta del Gobierno y de las empresas fue el aumento del SMVM de $4000 para diciembre y $15.000 hacia abril, lo cual es absolutamente una falta de respeto. La AUH va a pasar de $119.000 a $122.000”. Y remarcó: “Con eso no se llega a comprar ni dos alfajores y se supone que es una herramienta puramente alimentaria”.
La dirigente también puso en duda las cifras oficiales que hablan de una baja de la pobreza. Según describió, las colas en los comedores “se duplicaron y ahora asisten, incluso, personas con trabajos formales”, y agregó: “¿Cómo es posible que haya bajado la pobreza si el consumo sigue cayendo?”.
Otro de los puntos críticos es el desabastecimiento en los comedores. El Ministerio de Capital Humano dejó de enviar alimentos a la mayoría de los centros comunitarios, lo que obligó a depender de los aportes municipales y provinciales. Las responsables de estos espacios —en su mayoría mujeres— recurren a rifas y ferias para cubrir gastos básicos, incluida la garrafa, pero los recursos no alcanzan. Joski detalló que “el 81% de la población de los barrios populares redujo la ingesta de proteínas” y que el consumo de hidratos de carbono creció al 76%. Para ella, “en el territorio se ven los daños estructurales, físicos, sanitarios y de salud mental, que está provocando este Gobierno en la existencia de las personas más humildes”.
Además, alertó sobre el incremento de la informalidad laboral: “Crece cada vez más con la recesión y la desocupación”. Y calificó como una provocación la presentación de un “proyecto de ley esclavista de reforma laboral”, en referencia a los borradores que circulan y a declaraciones de funcionarios.
Las organizaciones también marcharán contra la eliminación del Salario Social Complementario —Potenciar Trabajo—, congelado en $78.000 desde hace dos años pese a la inflación acumulada. Para Joski, la protesta responde a una necesidad urgente: “Es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la economía popular y como organizaciones salir a defender la vida digna de nuestros compañeros y vecinos”, aseguró en diálogo con PERFIL.
