“Fue una mezcla rara de emociones porque la lucha, esperar el dictamen, la votación… cuando se consiguió fue una alegría enorme. Fue un resultado histórico que Diputados lograran los dos tercios. Y después se nos amargó un poco, bastante, con que no bajaron el veto de jubilados. Pero la lucha por la discapacidad resultó histórica”, expresó.
Ahora la expectativa está puesta en la Cámara Alta. “Esperamos que el próximo jueves lo trate el Senado. Para lograr la caída real del veto necesitamos la insistencia de los dos tercios en Diputados y en Senadores. Así que aguardamos que allí se ratifique la decisión”, explicó Giussani.
La declaración de emergencia en discapacidad abarca varios ejes, siendo uno de los principales los honorarios de los prestadores. “No reciben aumentos desde noviembre o diciembre del año pasado. Imagínense: ocho o nueve meses sin actualización y, antes de eso, los aumentos venían muy por debajo de la inflación. Es insostenible: profesionales dejan de atender, chicos se quedan sin transporte, y al final los que sufren son siempre las personas con discapacidad”, remarcó.
Otro punto clave es la situación del ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). “Ha sido totalmente desfinanciado. Debería controlar pensiones no contributivas, pero no lo está haciendo. Ayer en la plaza recibíamos gente a la que le dieron de baja la pensión sin notificación. Esa pensión mínima, que apenas llega al 60% de una jubilación mínima, es la que permite subsistir a familias muy humildes. Y ahora hay que recurrir a amparos judiciales, que colapsan los tribunales”, denunció.
Giussani compartió su propia experiencia personal: “Estoy con un amparo por la medicación de mi hija. No me la cubren y tuve que recurrir a la Justicia. Lo que se debería resolver en tres días tarda muchísimo porque los juzgados están abarrotados de amparos. El año pasado mi hija entró en coma, estuvo una semana con respiración asistida. La medicación es un tema de vida o muerte”.
La falta de financiamiento también afecta directamente a los tratamientos. “Mi hija necesita fonoaudiología todo el año. El año pasado cambió cinco profesionales porque no les pagaban. Este año venía con la misma fonoaudióloga hacía cinco meses, pero ya renunció porque no podía seguir atendiendo discapacidad. Eso rompe vínculos terapéuticos, interrumpe planes de trabajo, y repercute en la calidad de vida de las personas”, sostuvo.
Consultada sobre el trasfondo político, Giussani fue contundente: “Es un gobierno que no le interesa nada que no sea productivo para sus intereses. Están alineados al Fondo Monetario Internacional. Los sectores vulnerables —jubilados, personas con discapacidad, enfermos— somos descartables en su Excel. Para mí esto es un genocidio, una eugenesia social”.
Escuchá la nota completa con Patricia Giussani acá:
