La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Córdoba solicitó que se eleve a juicio la denominada Causa Gutiérrez, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 en la ciudad de Río Cuarto.
El requerimiento, firmado por el fiscal federal Carlos Gonella y los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, alcanza a 24 imputados —exmilitares, expolicías provinciales y federales— y detalla 62 hechos que incluyen privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios y abusos sexuales, entre otros crímenes, cometidos contra al menos 70 víctimas.
El foco de los crímenes: la Universidad Nacional de Río Cuarto
La fiscalía señala que muchas de las víctimas eran estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que al menos uno de los secuestros ocurrió dentro del propio campus universitario.
Además, el escrito judicial documenta ocho casos de violencia sexual ocurridos en distintas dependencias policiales y penitenciarias. En varios casos, las víctimas fueron torturadas antes y después de ser puestas a disposición judicial, sin que se investigaran los hechos, lo que —según la fiscalía— revela encubrimiento judicial por parte de funcionarios que ya han fallecido sin ser juzgados.
El expediente identifica como escenarios de los crímenes a la Unidad Regional Sur de la Policía de Córdoba, la sede local de la Policía Federal y la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba. La acusación también refiere al papel activo del Departamento de Informaciones D2, uno de los principales centros de inteligencia y represión durante la última dictadura.
La causa Gutiérrez se suma a otros procesos judiciales que buscan reparar la verdad histórica y establecer responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba. De concretarse la elevación a juicio, se trataría de uno de los juicios más importantes por delitos de lesa humanidad en el interior del país.
Los imputados
Entre los exmiembros del Ejército acusados figuran los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany, así como otros oficiales y suboficiales que operaron en el Destacamento de Inteligencia 141 y en el Regimiento de Infantería Aerotransportada N°2.
También están imputados excomisarios y suboficiales de la Policía de Córdoba y de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina, algunos de los cuales enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad por primera vez.
