El conflicto laboral en Petroquímica Río Tercero sumó este lunes 11 de agosto de 2025 un nuevo capítulo tras el rechazo rotundo de los trabajadores a la propuesta de flexibilización laboral presentada por la empresa. Representados por el Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica (SPIQyP), los operarios aseguraron que la iniciativa vulnera el convenio colectivo vigente y pone en riesgo derechos esenciales vinculados a la salud y la seguridad laboral.
La jornada estuvo marcada por una audiencia en la delegación Río Tercero de la Secretaría de Trabajo, mientras en la portería de la planta se desarrollaba una concentración de empleados acompañados por organizaciones sindicales y sociales de la provincia en un acto de respaldo. Según el sindicato, la compañía volvió a insistir en modificaciones a las condiciones laborales que consideran inaceptables, y que se enmarcan en una estrategia para recortar costos a expensas de los trabajadores.
En respuesta a la presión gremial, que mantiene asambleas permanentes de 12 horas diarias dentro de la planta, la empresa aceptó abrir mesas informales de diálogo con el objetivo de avanzar en la negociación. Sin embargo, el SPIQyP ratificó que no cederá en sus reclamos centrales: la reincorporación de los despedidos, el pago total de las indemnizaciones y la liquidación completa de los salarios de julio. Según denunciaron, solo se abonó el 60% de esos sueldos a una parte del personal, mientras que los 124 despedidos no recibieron ningún pago, pese a que la medida está en suspenso por la conciliación obligatoria vigente hasta el 18 de agosto.
El conflicto se desarrolla en un contexto financiero delicado para la empresa. La Justicia porteña autorizó recientemente la apertura de un concurso preventivo de acreedores para intentar reorganizar una deuda estimada en 30 millones de dólares, que incluye las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Este proceso busca evitar la quiebra, dando margen para que la compañía negocie con sus acreedores y establezca un plan de pagos. No obstante, la firma anunció que tiene previsto retomar la producción en los próximos días con los más de 130 empleados que aún permanecen en su plantilla, aunque todos los procesos productivos continúan paralizados por decisión propia.
El conflicto actual tiene un antecedente directo en octubre de 2024, cuando Petroquímica Río Tercero detuvo la producción de TDI, su producto principal, alegando “falta de competitividad”. En ese momento, despidió a 120 operarios, lo que ya había generado tensiones con el gremio. La situación se agravó en julio de este año con la decisión de desvincular a otros 124 trabajadores, en un marco que los sindicatos describen como de incumplimientos reiterados en los pagos y una clara intención de imponer condiciones laborales menos favorables.
Desde el SPIQyP sostienen que la flexibilización planteada por la empresa implicaría una reducción de garantías en materia de seguridad e higiene, la modificación unilateral de jornadas laborales y la pérdida de beneficios históricos conquistados en el convenio colectivo. Asimismo, advierten que cualquier intento de reactivar la producción sin resolver el conflicto laboral podría escalar las tensiones y derivar en nuevas medidas de fuerza.
