Medios comunitarios de Argentina solicitan a Juan Martín Ozores, el interventor del ENACOM, una reunión para exigir que cumpla con la Ley de Medios. En esta nota, los principales puntos del reclamo y el formulario para adherir al petitorio.
Representantes de medios audiovisuales comunitarios de todo el país enviaron una carta al interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Juan Martín Ozores, para manifestar la preocupación sobre el actual estado del cumplimiento de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La misiva está firmada por el Foro Argentino de Medios Comunitarios (FARCO), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Red de Medios Alternativos (RMA), la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) y la Red de Radios Rurales.
Quienes deseen sumar su adhesión al petitorio, pueden completar el formulario haciendo click acá.
Puntos principales del reclamo
- Intervención y Autonomía del Órgano Regulador:
La intervención del ENACOM contraviene el principio de autonomía del órgano regulador, subordinado el control y la asignación de espectro al Poder Ejecutivo. Esto elimina cualquier tipo de contralor y participación del Congreso, afectando la transparencia y la rendición de cuentas que garantiza la independencia del ente regulador, alineándose con las recomendaciones de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) sobre el derecho a la libertad de expresión.
- Paralización del Fomento a la Comunicación Comunitaria:
Pese a la vigencia de la ley y recaudación del gravamen que la sustenta, se registra una paralización total del fomento a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera. El nivel de ejecución continúa en cero (0) de lo recaudado por el inciso f del artículo 97 en el período 2023, así como de lo asignado en el presupuesto vigente. Se están reteniendo fondos de proyectos en desarrollo, ignorando convenios firmados y concursos iniciados. Esto es violatorio de la propia ley y sujeto de ser encuadrable en la figura de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como de malversación de fondos en caso de constatarse que los mismos hayan tenido otro destino. Así como contraviene el principio de promoción de la diversidad cultural, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO entre otros pactos y acuerdos internacionales de los que nuestro país es parte.
- Ninguneo de la Comunicación Comunitaria:
Pese a estar entre sus funciones y obligaciones, desde el comienzo de la intervención el ENACOM se ha negado sistemáticamente recibir a las redes y federaciones que representan a la comunicación comunitaria, enviando un mensaje político de desprecio y ninguneo que no registra precedentes en ningún gobierno. Esta situación es inaceptable y debe ser rectificada. Según el artículo 3 de la 26522 se debe promover el acceso equitativo a la comunicación, lo cual es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, como se estipula en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
- Reserva de Frecuencias y Legalización:
Solicitamos la inmediata implementación de las disposiciones que establecen que al menos el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico deben ser asignadas a medios sin fines de lucro. Hasta la fecha, hemos observado un acceso limitado a estas frecuencias, lo que perjudica a numerosas organizaciones comunitarias. Esta asignación es fundamental para garantizar el pluralismo y la diversidad, principios respaldados por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Derechos de los Pueblos Originarios:
Demandamos que se implementen políticas específicas para garantizar que los pueblos originarios tengan acceso a los medios de comunicación y que se reconozcan sus derechos a producir y difundir contenidos que reflejen su cultura y necesidades. Este enfoque está alineado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.