La muerte de Samuel Tobares, de 34 años, ocurrida el pasado 24 de noviembre en Villa Parque Siquiman, continúa causando conmoción y un fuerte reclamo social en distintos puntos de la provincia de Córdoba. El joven se encontraba esperando el colectivo en una parada sobre la ruta nacional 38 para regresar a su hogar luego de finalizar su jornada laboral en un hotel de Villa Carlos Paz, cuando fue interceptado por un móvil de la Policía de Córdoba.
De acuerdo a los testimonios recabados por personas que presenciaron la escena, el procedimiento habría sido completamente arbitrario. Dos efectivos descendieron del patrullero y comenzaron a golpear e insultar al joven sin que existiera una situación visible que justificara la intervención. Durante la agresión, que se extendió por alrededor de 15 minutos, los policías habrían proferido insultos discriminatorios, entre ellos la expresión “puto de mierda”, lo que despertó la indignación de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual.
En medio de la golpiza, Samuel se descompensó. Minutos más tarde, llegó otro móvil policial al lugar y los agentes intentaron realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron revertir su estado. El joven fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Domingo Funes, ubicado en la localidad de Santa María de Punilla, pero la autopsia posterior determinó que ya había fallecido antes de ingresar al centro de salud. Aún se investiga cuál fue la causa concreta de su muerte, aunque todo indica que ocurrió en el contexto de una agresión física extrema.
La Fiscalía de Instrucción Número 2 de la ciudad de Villa Carlos Paz dispuso la detención de dos efectivos de la Policía de Córdoba, quienes fueron imputados por el delito de homicidio preterintencional, es decir, cuando la muerte de la víctima no fue intencional, pero se produce como consecuencia de un accionar violento. La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, con análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad, informes forenses y pericias que permitan reconstruir con precisión lo sucedido aquella noche.
El caso tomó mayor repercusión cuando organizaciones de la diversidad, entre ellas la Federación Argentina LGBT (FALGBT), denunciaron públicamente que podría tratarse de un crimen de odio. La entidad solicitó que la Justicia contemple el factor discriminatorio como un agravante en la causa y pidió una reunión con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, para exigir una investigación profunda, transparente y con perspectiva de derechos humanos. Además, reclamaron la implementación de una formación obligatoria y efectiva en género, diversidad y derechos humanos para todos los integrantes de la fuerza policial provincial.
Por su parte, la familia de Samuel Tobares manifestó su dolor e indignación, y aseguró que en el violento procedimiento habrían participado más policías que los dos hasta ahora detenidos. En ese sentido, exigieron que se amplíe la investigación para determinar la responsabilidad de todos los involucrados y también solicitaron que la carátula de la causa sea modificada a homicidio agravado, considerando la brutalidad del ataque y los insultos discriminatorios que acompañaron la agresión.
