La posible venta de terrenos del Ejército en La Calera, impulsada por el ministro de Defensa Luis Petri, generó una fuerte controversia política, ambiental y social. Las tierras, ubicadas a solo 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, forman parte de una zona de alto valor ecológico y simbólico, por su superposición con la Reserva Natural de la Defensa La Calera, espacio protegido que conserva monte nativo y recursos hídricos fundamentales.
El proyecto —que aún no fue formalizado oficialmente— despertó el rechazo de ambientalistas, organismos de derechos humanos y sectores políticos, que advierten sobre las consecuencias de habilitar desarrollos inmobiliarios en un área donde se buscan restos de desaparecidos vinculados al Centro Clandestino de Detención La Perla, uno de los más emblemáticos del terrorismo de Estado.
La Reserva Natural de la Defensa La Calera fue creada precisamente para preservar un ecosistema frágil y proteger un territorio con memoria histórica. En ella confluyen valores ambientales, sociales y patrimoniales, lo que la convierte en un espacio estratégico dentro de la red de reservas naturales de la defensa en el país.
De concretarse la operación, se abriría la puerta a la destrucción ambiental y la pérdida de un sitio de memoria, en un contexto provincial ya marcado por la sequía, los incendios y el avance del desmonte. El área, además, se encuentra rodeada por countries y emprendimientos privados, lo que aumenta el atractivo para el negocio inmobiliario y refuerza las sospechas sobre los intereses detrás de la posible venta.
Una zona militar estratégica
Los terrenos en cuestión pertenecen a la Guarnición Militar Córdoba, sede del Comando de la Segunda División “Ejército del Norte”, la IV Brigada Aerotransportada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Se trata, por lo tanto, de una zona de relevancia estratégica para la defensa nacional, lo que agrava la preocupación por la enajenación de bienes del Estado vinculados a la seguridad.
Aunque desde el Ministerio de Defensa no se emitió un comunicado oficial, trascendió que Luis Petri estaría impulsando evaluaciones preliminares para definir el destino de las tierras. Su gestión ya enfrenta cuestionamientos por otras medidas controvertidas, entre ellas el presunto desguace de la obra social militar (IOSFA), contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado por Mendoza.
Reclamo en el Congreso
El diputado cordobés Oscar Agost Carreño (PRO) presentó un pedido formal en el Congreso de la Nación para que el ministro brinde explicaciones por escrito sobre la posible venta. “Queremos que el Ministerio de Defensa nos explique qué piensa hacer, para acompañar lo que sea bueno para la Argentina, Córdoba y el mundo militar. Y oponernos cuando se trate de malas gestiones que vendan ‘las joyas de la abuela’”, expresó Carreño.
El legislador subrayó que el Congreso debe estar informado si se está evaluando la venta de parte o la totalidad de las instalaciones militares, incluyendo el Comando de la Segunda División, la IV Brigada Aerotransportada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales.
Asimismo, Carreño señaló que no está claro qué ocurriría con los miembros del Ejército que actualmente acampan y desarrollan sus actividades en los terrenos de La Calera. La falta de precisiones oficiales genera incertidumbre tanto entre el personal militar como en la comunidad local, que teme por el impacto ambiental y patrimonial de la operación.
Preocupación ambiental y de derechos humanos
Organizaciones ambientales y de derechos humanos de Córdoba advirtieron que cualquier avance sobre la reserva sería irreversible. La zona forma parte de un corredor biológico clave que conecta áreas de monte nativo y actúa como reserva hídrica natural. Además, su carácter de sitio de memoria la convierte en un espacio de búsqueda y reparación histórica, donde se mantienen trabajos de identificación de posibles restos de víctimas del terrorismo de Estado.
“Destruir esa reserva sería un doble atentado: contra la naturaleza y contra la memoria colectiva”, expresaron desde agrupaciones locales. Los colectivos ambientales también recordaron que Córdoba ya ha perdido más del 95% de su bosque nativo, y que el avance del fuego y la urbanización ponen en jaque los últimos relictos naturales de la región central del país.
