Walter Scavino, vocal del ERSEP, alertó sobre el impacto del proyecto de ley enviado al Congreso que busca modificar el régimen de beneficios. Denunció que la medida no ayuda a reducir el déficit fiscal, ya que el sistema se autofinancia entre los propios usuarios.
El pasado 4 de mayo, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Régimen de Zona Fría, un beneficio consolidado en 2021 que otorga descuentos significativos en las tarifas de gas natural y envasado. Según explicó Walter Scavino, vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), esta modificación pondría en riesgo la cobertura que actualmente alcanza a diversas provincias, incluyendo a 26 departamentos de Córdoba y 77 localidades de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, el subsidio cubre entre un 30% y un 50% del valor de la tarifa de gas. De concretarse el cambio legislativo, los usuarios que hoy gozan de este beneficio pasarían a pagar, en promedio, un 50% más en sus facturas. Scavino señaló que el objetivo del gobierno es asimilar este beneficio al sistema de subsidio energético general, lo cual dejaría fuera a la gran mayoría de los beneficiarios actuales en la región.
Uno de los puntos más críticos destacados por Scavino es que la eliminación de este subsidio no tiene un impacto real en el déficit fiscal, argumento central del Gobierno Nacional para aplicar recortes. «Es una mentira que esto va a beneficiar al Tesoro», afirmó el vocal del ERSEP, explicando que los fondos para este beneficio no salen de las arcas del Estado, sino de un recargo que pagan los 8 millones de usuarios de gas en Argentina en sus facturas. Por lo tanto, se trata de un sistema solidario financiado por los propios consumidores y no por el Estado.
Finalmente, Scavino enmarcó esta medida en un contexto de políticas que, según su visión, afectan desproporcionadamente a la clase media y a los sectores más vulnerables. Comparó la quita de estos beneficios con las recientes reducciones impositivas a los sectores de mayores ingresos —como la baja en el Impuesto a los Bienes Personales— y los recortes en universidades, salud y jubilaciones. Para el funcionario, la «motosierra» del gobierno está recayendo sobre los ciudadanos comunes mientras se desfinancian servicios esenciales.
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