La situación económica de las personas mayores en Córdoba atraviesa un momento crítico. Un reciente estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia advierte que la mitad de los adultos mayores no logra cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos y que la mayoría necesita algún tipo de ayuda de familiares o amigos para llegar a fin de mes. Este dato refleja un deterioro social y económico creciente en uno de los sectores más vulnerables de la población.
La investigación, llevada adelante entre el 20 y el 28 de agosto de 2025, incluyó una encuesta presencial a 300 personas mayores de 65 años en toda la provincia, con un nivel de confiabilidad del 95,5 % y un error muestral de +/- 5 %. Según Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, “este estudio pone en números una percepción que venimos teniendo todos: las personas mayores no llegan a fin de mes y ello las obliga a realizar recortes significativos en consumos esenciales, lo que limita su calidad de vida y sus proyecciones a futuro”.
Los resultados del sondeo son contundentes. El 50 % de los adultos mayores declara que “no le alcanzan sus ingresos para cubrir sus gastos mensuales”, mientras que otro 39 % afirma que apenas le alcanza “con lo justo”. Entre quienes no llegan a fin de mes, la mayoría depende de la asistencia de familiares: el 52 % recibe ayuda económica de sus hijos y el 28 % de otros parientes. Esta dependencia financiera muestra la fragilidad económica en la que viven miles de jubilados y pensionados cordobeses.
El informe también destaca que 9 de cada 10 personas mayores debieron reducir consumos en los últimos meses, especialmente en alimentos y bebidas. De hecho, el 44 % admite no llegar a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, si se suma el pago de un alquiler, esa proporción crece hasta casi el 80 %. Estos números reflejan cómo los ingresos jubilatorios y pensiones quedan por debajo de los gastos básicos, obligando a restringir consumos esenciales para sobrevivir.
Estas limitaciones económicas no sólo impactan en la alimentación y en la salud, sino también en las actividades que las personas mayores desean y necesitan realizar. Viajar, arreglar sus viviendas, asistir a actividades recreativas o sociales se vuelven cada vez más inalcanzables. La incertidumbre por el futuro también golpea fuerte: casi la mitad (48 %) considera que su situación personal “empeorará” este año y un 30 % cree que “seguirá igual”.
La percepción de que “la plata no alcanza” y las “bajas jubilaciones” son los principales argumentos detrás de esta visión pesimista. La Defensoría del Pueblo subraya que esta situación obliga a repensar políticas públicas y programas específicos que atiendan las necesidades de la población mayor y garanticen su bienestar.
El estudio revela además una mediana de ingresos de apenas $380.000 para esta población, equivalente a una jubilación mínima nacional. Se observa también una brecha de género del 8,1 %: mientras que los varones perciben en promedio $400.000 por mes, las mujeres ganan $370.000, lo que evidencia desigualdades persistentes incluso en edades avanzadas. Esta diferencia se traduce en menos capacidad de consumo y mayor vulnerabilidad económica para las mujeres mayores.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo insta a reforzar las redes de contención social y la asistencia a adultos mayores, así como a revisar el alcance de los programas de salud, alimentación y cuidado que puedan garantizarles un nivel de vida digno. También destaca la importancia de promover medidas de inclusión financiera, asesoramiento y acompañamiento psicológico para enfrentar la ansiedad e incertidumbre que provoca la precariedad económica.
