Las violaciones a los Derechos Humanos dentro de las cárceles de Córdoba se mantienen como una problemática recurrente y sistemática. Desde hace más de un mes, internas de la Cárcel de Bouwer vienen denunciando públicamente sus condiciones de vida indignas, agravadas por las bajas temperaturas del invierno.
Entre los reclamos más urgentes destacan la falta de calefacción, colchones insuficientes, escasez de mantas, hacinamiento extremo, mala alimentación y el deterioro de la infraestructura. Muchas presas aseguran que deben dormir en el piso, con apenas una colcha, mientras la superpoblación carcelaria alcanza niveles alarmantes: entre 85 y 90 personas por pabellón, según detallaron en su denuncia.
Ante la falta de respuesta, las internas presentaron un habeas corpus colectivo para visibilizar la situación y exigir soluciones. Sin embargo, en lugar de atender sus demandas, el Servicio Penitenciario de Córdoba respondió con cortes de luz y agua, además de amenazas de ingresar a los pabellones por la fuerza y reprimir cualquier protesta.
A pesar de esta represalia, las mujeres no se intimidaron y continuaron difundiendo su situación, apoyadas por sus familiares, organizaciones y personas solidarias. Frente a la presión pública, las autoridades dieron marcha atrás: restituyeron los servicios básicos, entregaron parte de los colchones faltantes y se comprometieron a reparar los sistemas de calefacción.
Familiares y redes de apoyo celebraron este logro y agradecieron la solidaridad de la comunidad, destacando la importancia de visibilizar estas violaciones: “Las redes de solidaridad y cuidado funcionaron una vez más, no hay gracias suficientes. ¡Luchar sirve!”, expresaron.
No obstante, las familias se mantienen en alerta, advirtiendo que cualquier nuevo episodio de violencia o violación de derechos dentro de Bouwer será responsabilidad directa del gobernador Martín Llaryora y las autoridades penitenciarias.
