La iniciativa es impulsada por distintos espacios, entre ellos el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y apunta a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de dar de baja este programa, que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.
En diálogo con Radio La Ranchada, Maximiliano Maita, delegado del FOL, explicó que el amparo busca declarar la inconstitucionalidad de la medida. “Estamos planteando la absoluta inconstitucionalidad de esta acción del Gobierno nacional, que implica la baja de casi un millón de beneficiarios en todo el país y más de 30 mil en Córdoba”, señaló.
Según detalló, los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social habían sido presentados como herramientas orientadas a la inclusión laboral, la capacitación y la formalización del empleo. Sin embargo, cuestionó la falta de resultados concretos. “No hay datos oficiales que indiquen cuántas personas fueron incorporadas al mercado formal, cuántas salieron de la precariedad o cuántas accedieron a instancias de formación. Aun así, se decide avanzar con la baja del programa”, afirmó.
Maita advirtió que esta decisión tendrá un fuerte impacto social. “Esto va a hundir aún más en la indigencia a un sector que nosotros consideramos trabajadores. Porque de eso se trata: son personas que desarrollan tareas productivas, de servicios o de cuidado en sus comunidades”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que las actividades vinculadas a la economía popular deben ser reconocidas como trabajo. “La Constitución y los tratados internacionales protegen el trabajo en todas sus formas. Ese es el punto central de nuestro planteo”, agregó.
En paralelo a la presentación judicial, las organizaciones realizaron desde la mañana un “feriazo” frente a los Tribunales Federales de Córdoba, donde expondrán el trabajo que desarrollan en distintos barrios.
“Vamos a mostrar que somos laburantes. Hay compañeros que trabajan en unidades productivas, en construcción, limpieza o servicios. Otros sostienen tareas de cuidado, comedores y espacios comunitarios en los barrios más vulnerables”, explicó Maita.
La jornada también buscó visibilizar el impacto que tendría la eliminación del programa en estos espacios. “Si se plantea un cambio de etapa, tiene que haber una alternativa superadora. Lo que vemos es un plan que desarticula el sector de la economía popular”, cuestionó.
Además, el dirigente convocó a la participación de trabajadores y trabajadoras afectados por la medida. “No hay que resignarse al desamparo ni acostumbrarse a las injusticias. Esta es una acción en defensa del trabajo”, expresó.
La presentación del amparo se enmarca en una jornada nacional de protesta contra la eliminación de programas sociales, con actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.
Escuchá la nota completa con Maximiliano Maita acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
