Editorial de Marco Galán.
El presupuesto en debate para 2026 plantea serios interrogantes sobre la inversión y el poder adquisitivo. Se estima una inflación del 10% y un dólar a $1500 pesos, proyecciones que ya han sido inconsistentes en años anteriores. En la práctica, al tomar el gobierno de Llaryora la pauta nacional del 10% para los presupuestos de los ministerios, se genera un desfasaje si la inflación real termina siendo del 30%, lo que equivale a un recorte del 20%.
Este ajuste impacta directamente en los salarios estatales: los empleados públicos nacionales (incluyendo médicos, docentes universitarios y servicios de seguridad) han perdido entre un 30% y un 35% de su poder adquisitivo en los dos años de gestión de Milei, sin esperanzas de recuperación en el nuevo presupuesto. Tampoco hay apertura para recuperar el incentivo docente.
En cuanto a la inversión, se observa una reorientación del gasto que implica una reducción en la obra pública. Por ejemplo, el Fondo Desarrollo Agropecuario experimenta una baja considerable, pasando de 360.000 millones a 268.000 millones, fondos que estaban destinados a caminos rurales.
Además, existe una profunda preocupación por la política de apertura económica, descrita como un «industricidio». A pesar de que la Nación proyecta un crecimiento del 6% al 8% anual, este se concentra en sectores no intensivos en mano de obra, como la minería o la producción rural tecnificada. La apertura total de la economía en el acuerdo con EE. UU. (que incluye la venta de animales vivos, cereales y productos industriales) es desfavorable para los productores argentinos. Este escenario ha provocado la pérdida de 240.000 trabajadores registrados y el cierre de fábricas e industrias, ya que la invasión de productos importados muy económicos destruye el trabajo nacional.
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La Hora de las Villas y los Barrios. Lunes a viernes de 15:30 a 18:00, con «Perla» Flores.
