Prórroga de la emergencia territorial indígena

La ley 26160 suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral. Vencía el 23 de noviembre próximo, ahora estará vigente hasta 2025. En estos cuatro años se deberían entregar los títulos de propiedad a las comunidades. 

Integrantes de organizaciones indígenas acamparon en el Congreso de la Nación exigiendo la aprobación de la prórroga de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que dispone un relevamiento territorial, catastral y jurídico de esa ocupación.

En una espera que tuvo algunas agresiones e incidentes, los derechos de los pueblos originarios se hicieron escuchar, no sin antes sufrir agresiones.

Néstor Jerez, cacique del Pueblo Ocloya, y part de OPINOA expresó la necesidad de hacer valer dicho derecho:

“A pesar de tener años de aprobada la ley, tenemos a 700 de las 2000 comunidades aún con problemas”

las organizaciones que participan del acampe presentaron el 30 de octubre una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidiéndole el tratamiento de la prórroga “con carácter de urgente”, ya que “nuestros territorios están en constante tensión con situaciones de latente despojo y de violencia extrema ejercida por usurpadores, por la frontera sojera, exploración minera, negocios inmobiliarios y madereros, como así también una justicia que desconoce los derechos internacionales ratificados en el país, aún así jueces que ordenan desalojos, fiscales y auxiliares de justicia que vulneran permanentemente los derechos indígenas sin cumplir la consulta previa, libre e informada”.

También pidieron “la inmediata instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena de nuestros territorios, reconocida desde 1994, en la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intentos de despojos sobre nuestros territorios comunitarios”.Jerez sostuvo que con la ley 26160, que se aprobó por primera vez en 2006 y luego fue prorrogándose, más de 700 comunidades indígenas preexistentes relevadas están listas para recibir la titularización de sus territorios comunitarios.

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