La firma Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), responsable de la producción de yogures, flanes y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra por la Justicia comercial, que dispuso el cierre definitivo de sus operaciones en todo el país. La medida deja en una situación crítica a más de 400 trabajadores, entre ellos unos 200 empleados en Córdoba, donde la empresa mantenía una planta industrial y un centro de distribución que abastecía a toda la región centro.
El fallo fue dictado por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N.º 29, quien ordenó la liquidación final de la compañía luego del fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de este año. Durante el proceso, ARSA no logró recibir propuestas de salvataje ni de reestructuración, pese a que se mencionaron interesados como el fondo Inverlat (dueño de Havanna), el grupo Werthein y el fondo de inversión CarVal. Ninguna de estas negociaciones prosperó, lo que precipitó la quiebra definitiva.
Además de su base operativa en Córdoba, la empresa contaba con otra planta en Arenaza, provincia de Buenos Aires, donde trabajaban alrededor de 180 personas, y una red de 165 distribuidores que abastecían semanalmente a más de 70.000 puntos de venta en todo el país. Con el cierre, todos estos puestos de trabajo quedaron en situación de incertidumbre laboral.
La historia reciente de ARSA está marcada por una cadena de cambios de propiedad y crisis financieras. En 2016, la empresa fue transferida por SanCor al grupo Vicentin en una operación valuada en unos 100 millones de dólares, con la promesa de garantizar la continuidad productiva. Sin embargo, tras la crisis del holding agroexportador, el control pasó a manos de fondos privados vinculados al grupo, y finalmente, a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, dueños también de La Suipachense, a través de la firma Maralac S.A..
Desde entonces, el proyecto enfrentó dificultades financieras, conflictos internos y problemas de gestión que derivaron en una paralización casi total de la producción. Según fuentes gremiales, la situación se agravó en los últimos meses: los trabajadores denunciaron pagos parciales en efectivo, falta de aportes a la obra social durante más de tres años y retrasos en el pago de salarios.
La empresa había anunciado en mayo un plan de reorganización productiva, que incluía el relanzamiento de su línea de postres y yogures bajo nuevas alianzas comerciales, pero el proceso nunca se concretó. Los compromisos asumidos con proveedores y empleados tampoco fueron cumplidos, y las plantas permanecieron inactivas durante gran parte del año.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), que representa al personal del sector, sostienen que la crisis de ARSA no responde a la coyuntura general de la industria láctea, sino a “una gestión ineficiente y un proceso concursal irregular”. El gremio había denunciado reiteradamente los incumplimientos empresariales ante el Ministerio de Trabajo, sin obtener respuestas efectivas.
“Esto no tiene que ver con el mercado ni con la caída del consumo, sino con una administración que vació la empresa y jugó con la paciencia de los trabajadores”, señalaron desde Atilra.
