El Gobierno de Córdoba salió públicamente a responder al fallo del Tribunal de Cuentas que bloqueó la contratación de un sistema de drones de última generación destinado a la Policía provincial. En una conferencia de prensa brindada este lunes, los ministros de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendieron la transparencia del proceso licitatorio y cuestionaron con dureza la intervención del organismo de control.
La controversia se originó luego de que el Tribunal, con mayoría opositora, resolviera frenar la licitación que implicaba una inversión cercana a los 6,8 millones de dólares para la compra de 15 drones de alta tecnología, con los que se buscaba conformar una nueva división especializada dentro de la fuerza policial.
Durante su exposición, Siciliano sostuvo que el Ejecutivo provincial respetó todos los pasos administrativos y marcó una diferencia entre la función de fiscalización y lo que consideró un bloqueo político. “Una cosa es controlar y otra es obstruir”, afirmó, al tiempo que remarcó que la iniciativa apuntaba a reforzar la seguridad pública mediante herramientas tecnológicas modernas.
En la misma línea, el ministro Quinteros aseguró que no se trató de una compra directa sino de un procedimiento de licitación abierto y público. Según detalló, el expediente atravesó más de 70 instancias administrativas previas a la adjudicación y contemplaba la incorporación de un sistema integral para fortalecer la capacidad operativa de la Policía. “No es solo la adquisición de drones, sino un esquema tecnológico completo para mejorar la prevención y la respuesta ante el delito”, explicó.
Ambos funcionarios también se habían expresado previamente a través de redes sociales. Siciliano afirmó que “la oposición tiene que terminar con la politiquería como método” y recordó que “el Tribunal de Cuentas no está para gobernar, está para controlar”. Desde su perspectiva, la decisión del organismo excedió el rol institucional que le corresponde y afectó una política pública vinculada directamente a la seguridad ciudadana.
Quinteros, en tanto, fue aún más duro en sus declaraciones. “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”, escribió. En ese marco, apuntó contra sectores opositores a los que acusó de intentar frenar la incorporación de tecnología de última generación para la fuerza provincial. “No cuestionan el precio, no cuestionan el procedimiento, no cuestionan la idoneidad de las empresas ni la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo provincial insisten en que la iniciativa buscaba modernizar el sistema de vigilancia aérea y mejorar tareas de patrullaje, búsqueda de personas y monitoreo en zonas de difícil acceso. También remarcaron que la licitación se ajustó a los marcos normativos vigentes y que la documentación presentada acreditaba la legalidad del proceso.
El fallo del Tribunal de Cuentas, sin embargo, abrió un nuevo capítulo de tensión institucional entre el Gobierno y los organismos de control, en un contexto atravesado por el debate político sobre las políticas de seguridad y la asignación de recursos públicos. Mientras el Ejecutivo reclama que se destrabe la contratación para avanzar con el proyecto, desde sectores opositores sostienen la necesidad de revisar con mayor profundidad la operación antes de autorizar una inversión de ese calibre.
