La diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de Resolución en el que expresó su preocupación y repudio ante la “arbitraria desafectación” de un sector del inmueble estatal denominado Complejo Unidad Turística de Embalse de Río Tercero, ubicado sobre la costanera de la localidad de Embalse, en el departamento Calamuchita.
La medida cuestionada fue establecida mediante la Resolución 2/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que dispone la desafectación de una parte del predio, lo que habilita su eventual enajenación.
En los fundamentos de la iniciativa, Estévez recordó que el complejo constituye uno de los principales atractivos turísticos de Embalse y subrayó su valor histórico y patrimonial. La Unidad Turística comenzó a construirse en 1946, en el marco del Plan Quinquenal impulsado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, y fue finalizada en 1951.
Según detalló, el predio abarca 654 hectáreas sobre la costa del Embalse del Río Tercero y está conformado por siete hoteles y 51 bungalows, además de una capilla, un centro administrativo, un espacio asistencial, piscinas y edificios auxiliares. Entre sus estructuras más emblemáticas se destacan el tanque mirador de 40 metros de altura y una forestación de más de 800 mil ejemplares.
La legisladora señaló que los hoteles fueron inaugurados en 1947 y 1951 y que durante décadas brindaron alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto de turismo social.
Presentamos en Diputados un Proyecto de Resolución en repudio a la decisión del gobierno nacional que habilita la venta de la Unidad Turística de Embalse de Río Tercero. Esa medida arbitraria no solo es otro golpe más al turismo social, sino que también afecta a la economía… pic.twitter.com/9zBvca635Q
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) February 21, 2026
En ese marco, sostuvo que desde la asunción del presidente Javier Milei el turismo social fue “desprestigiado” y reemplazado por una lógica que promueve la gestión privada sin intervención estatal. Para Estévez, la desafectación del inmueble representa un paso previo a su posible venta y constituye una pérdida para el patrimonio histórico y natural del país.
Finalmente, la diputada solicitó el acompañamiento de sus pares al proyecto y advirtió sobre el impacto que implicaría el desprendimiento de bienes públicos con valor histórico, cultural y social para Córdoba y la Argentina.

