La situación de Paula Giménez y Lucas Aguilera, dos integrantes argentinos de una misión internacional de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, genera creciente preocupación entre familiares, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Ambos permanecen retenidos en Libia junto a otros ocho voluntarios de distintas nacionalidades y desde hace varios días no existen novedades oficiales sobre su estado de salud.
Según denunciaron las organizaciones que acompañan el reclamo, los voluntarios permanecen privados de su libertad desde hace más de dos semanas luego de ser interceptados cuando integraban el convoy terrestre Sumud Magreb, una iniciativa internacional que buscaba transportar alimentos, medicamentos y otros insumos humanitarios hacia la población palestina.
La preocupación se profundizó porque la última comunicación que mantuvieron con sus familias ocurrió el pasado 4 de junio, luego de haber realizado una huelga de hambre de cuatro días para reclamar garantías básicas y exigir información sobre su situación.
Desde entonces, familiares y compañeros denuncian un escenario de incomunicación y falta de información oficial sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
En diálogo con Radio La Ranchada, Estefanía Bresso, integrante del equipo de NODAL, explicó que Paula Giménez y Lucas Aguilera forman parte de la dirección de investigación de ese medio especializado en información de América Latina y el Caribe y que ambos participaron de la misión como voluntarios.
«Son compañeros de militancia y de trabajo. Decidieron sumarse a esta iniciativa solidaria para llevar ayuda humanitaria a Gaza, un territorio que atraviesa una situación dramática por la guerra, el hambre y la falta de servicios esenciales», señaló.
De acuerdo con el relato de Bresso, el convoy estaba integrado por unas 250 personas provenientes de distintos países. Durante el trayecto por territorio libio, diez de los participantes fueron seleccionados para intervenir en negociaciones con autoridades locales con el objetivo de garantizar el avance de la misión.
Sin embargo, según denuncian las organizaciones, esas personas fueron posteriormente detenidas por fuerzas que responden a las autoridades que controlan el este de Libia.
Además de los dos argentinos, entre los voluntarios retenidos se encuentran ciudadanos de Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos.
Las organizaciones que impulsan la campaña internacional por su liberación sostienen que los detenidos realizaban tareas exclusivamente humanitarias y rechazan cualquier intento de criminalizar la solidaridad con la población palestina.
«La ayuda humanitaria y la solidaridad no son delitos», remarcan en cada una de las acciones de difusión impulsadas durante los últimos días.
Entre los reclamos planteados figuran la realización de una visita humanitaria urgente, asistencia médica inmediata, acceso a equipos de salud independientes, información pública y verificable sobre la situación jurídica de los voluntarios, acceso pleno a la defensa legal y garantías para preservar su integridad física y psicológica.
También exigen el fin de las condiciones de aislamiento e incomunicación denunciadas por familiares y organizaciones acompañantes.
Bresso explicó que la situación diplomática presenta dificultades adicionales debido a la compleja realidad política que atraviesa Libia, un país dividido entre distintas administraciones y autoridades.
En ese contexto, destacó que algunas cancillerías europeas lograron avanzar en gestiones para acceder a información sobre sus ciudadanos.
«Las embajadas que más se han movilizado fueron la italiana y la española. Incluso sin contar con representación diplomática directa en la zona donde se encuentran detenidos, lograron avanzar en contactos y obtener información sobre sus nacionales», sostuvo.
Por el contrario, cuestionó la actuación del gobierno argentino y reclamó una mayor intervención de la Cancillería para garantizar la protección de Paula Giménez y Lucas Aguilera.
«Lo que estamos pidiendo es una acción diplomática más efectiva y con mayor celeridad para resguardar la salud y la integridad de nuestros compañeros», afirmó.
Durante los últimos días se realizaron distintas actividades públicas para visibilizar el caso. Una de ellas tuvo lugar en el Instituto Patria, donde referentes políticos, sociales y de derechos humanos impulsaron una campaña internacional destinada a exigir la liberación de los diez voluntarios.
La iniciativa busca además sumar el apoyo de organismos internacionales como Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para que intervengan de manera urgente.
Mientras continúan las gestiones diplomáticas y las acciones de difusión, familiares y organizaciones mantienen la preocupación por la falta de información sobre las condiciones de detención y el estado de salud de los voluntarios.
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