En el marco de la aprobación de la Ley de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar, campesina e indígena, apuntado a un sector postergado históricamente, dialogamos con diferentes sectores de la sociedad civil.
Entrevistamos a Mariana Victoria, Directora de Producción Agropecuaria Familiar. Quien fue la gestora del encuentro entre las organizaciones y el estado.
Quien expresó al respecto: «Tomamos el acuerdo desde el ejecutivo junto con la comisión de la legislatura de agricultura y ganadería, y recursos renovables, y nos pusimos de acuerdo en plantear un trabajo territorial « .
Entre los principales punto de la ley encontramos los siguientes:
- La creación de un consejo asesor, y un registro provincial de agricultores familiares.
- Prevee el acceso a la tierra de las familias agricultoras, la regularización dominial y la creación de un banco de semillas.
- Promueve diversas acciones y herramientas para el fortalecimiento productivo y tecnológico, como beneficios impositivos, y en diferentes procesos de los distintos eslabones de la cadena de producción, elaboración y comercialización de la agricultura familiar.
- Asegura la asistencia técnica, informativa y de capacitación con el objetivo de contener y acompañar al sector.
- Los recursos asignados se discutirán en las partidas asignadas en el Presupuesto Provincial Anual, de los Fondos provenientes de la ejecución de la Ley Nacional Nº 27118 de reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, y de los recursos distribuidos por los planes y programas nacionales de promoción de la agricultura familiar, campesina e indígena.
Además dialogamos con Mariana Gamboa, Coordinadora del programa ruralidades derechos y conflictos campesinos e indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales. :
«Esta ley es producto de un proceso de lucha de los sectores indígenas, de poder buscar una construcción de estatalidad, ya que fueron olvidados por mas de 200 años, que lleva el estado argentino. Entonces me parece que en principio es una victoria de reconocimiento que hace el estado a las familias que pertenecen a este sector».
También expresó que hay un punto muy importante que estaba en el proyecto y que luego fue modificado que tiene que ver con los desalojos:
«No es el marco jurídico que las organizaciones esperaban. El proyecto original, presentado por el legislador Fresneda, hablaba de un punto muy sensible para las organizaciones que en el aprobado no está, que es el freno de los desalojos«.