Uno de los ejes más controvertidos es el salario en especies. Aunque históricamente existió un tope del 20%, la iniciativa no fija porcentajes y abre la puerta a que ese mecanismo pueda ampliarse. Según el especialista, «es un retroceso, volveríamos a los tickets canasta, que se crearon por la década del 90 para facilitar a los trabajadores del microcentro, que no tenían un comedor dentro de la empresa y después eso se transformó en una moneda de cambio, la gente tiene cierta cantidad de tickets canasta para usar en super y los negociaban para cambiarlos por efectivo».
Capozzi también se detuvo en el capítulo de vacaciones y la administración del tiempo de trabajo. La propuesta permite dividir el descanso anual en tramos y, para él, lo más razonable sería que esos períodos no fueran inferiores a siete días consecutivos.
El texto legislativo mantiene el esquema tradicional de horas extras y sus recargos, pero incorpora mayor flexibilidad diaria. En ese sentido, ejemplificó: «Si un trabajador acuerda jornadas de 11 horas para no trabajar los viernes, ese esquema no genera extras salvo que exceda lo pactado. Lo acumulado por recargos sigue integrando una ‘bolsa’ que el empleado puede usar luego como licencias o días compensatorios».
En lo referido al derecho colectivo, el proyecto propone alterar la jerarquía de las normas laborales. Los convenios por empresa pasarían a ocupar un lugar central, siempre con participación gremial y respetando los mínimos establecidos por ley. También se suman los convenios regionales, con la intención —explicó Capozzi— de «Dar un incentivo a los gobiernos provinciales y municipales para que se pueda trasladar el trabajador que hoy está en relación de dependencia con una municipalidad, que pueda incorporarse al trabajo privado que hace 20 años que en la Argentina no crece».
La discusión más fuerte aparece en torno al fin de la ultraactividad automática. Los convenios, muchos de ellos vigentes desde los años 70, dejarían de renovarse sin trámite. «Cuando se cumpla el vencimiento de 4 años su prórroga no será automática, sino que cualquiera de las dos partes puede convocar un nuevo convenio», sostuvo. Si ese llamado no ocurre, la Secretaría de Trabajo intervendrá un año después del vencimiento para definir los pasos a seguir.
Este rediseño le otorga un papel más activo a la autoridad laboral, especialmente a la Subsecretaría, que —según Capozzi— debería modernizar sus tiempos de respuesta. Aun así, consideró que «No lo hubiese presentado como una sola ley, sino que primero iría con el trabajo individual y después debatir que hacer con el derecho colectivo».
El capítulo de indemnizaciones no plantea grandes transformaciones, pero sí algunos cambios relevantes: se redefinen los rubros que integran el salario y se observan retrocesos en la eliminación de ítems como el proporcional del aguinaldo o el pago por vacaciones, hasta ahora considerados derechos consolidados. Capozzi remarcó que no existe un acuerdo pleno ni en el Congreso ni en el Consejo de Mayo. El proyecto comenzará a discutirse en el Senado, con la particularidad de que la comisión académica que intervino en su elaboración actuó como órgano técnico y no político.
