En diálogo con La Ranchada, Di Santi sostuvo que la aprobación del proyecto estuvo marcada por la violencia estatal y afirmó que “nadie está queriendo renunciar a sus derechos”. Según relató, el conflicto comenzó temprano con un corte en el Puente Centenario y derivó en lo que definió como una “vergonzosa y desmedida represión” por parte del gobierno provincial, en sintonía —dijo— con lo ocurrido horas después en la Ciudad de Buenos Aires.
Para la dirigente, la reforma representa “un golpe claro hacia el sector de los y las trabajadoras” y la calificó como una contrarreforma profunda. En ese sentido, citó al abogado laboralista Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas Latinoamericanos, quien plantea que la iniciativa “niega el concepto de desigualdad entre trabajadores y empresarios”, al tratar a los asalariados “como si fueran millonarios” capaces de afrontar un despido sin consecuencias.
Di Santi advirtió además que el proyecto avanzó sin debate público ni participación de los sectores afectados. “Se aprovechó el verano, el cansancio social y las vacaciones para aprobar una ley entre gallos y medianoche”, señaló, y remarcó que gran parte de la población y de los propios legisladores desconocía el contenido del texto hasta último momento. En ese marco, apuntó contra las centrales sindicales y el peronismo por no haber impulsado instancias de discusión ni medidas de fuerza.
La referente también vinculó la represión en las calles con el contenido de la reforma. “La violencia que ejercen es el correlato de retrotraer las relaciones laborales al siglo XIX”, afirmó, y enumeró derechos que, según sostuvo, quedan en riesgo: indemnización por despido, obra social, licencias y vacaciones pagas. “Esta ley está hecha a medida de los grandes empresarios y de las nuevas tendencias de la extrema derecha a nivel internacional”, agregó.
En contraste, Di Santi mencionó la experiencia de México, donde el Senado aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin rebaja salarial, y cuestionó el rumbo económico del gobierno argentino, al que acusó de avanzar en la destrucción del entramado productivo y en la legalización de despidos sin costo para los empleadores.
Finalmente, convocó a profundizar la movilización social y aseguró que “la última palabra la va a tener la calle”. En ese marco, invitó a participar del sexto Campamento Anticapitalista Internacional, que se realizará del 14 al 17 de febrero en Luján, provincia de Buenos Aires, con la presencia de delegaciones nacionales e internacionales. Según explicó, el encuentro combinará instancias de formación política, debate y recreación, y tendrá un eje central en la organización juvenil frente al avance de la extrema derecha. “El primer capítulo por la reforma laboral ya pasó en el Senado, pero la pelea recién empieza”, concluyó.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
