La intervención a Vicentin y el envío de un proyecto de ley de expropiación para que se discuta en el Congreso de la Nación, es una de las noticias más nombradas y discutidas en la última semana. Conversamos con Eduardo Fernández, Diputado Nacional por el Frente de Todxs para que nos comente por qué le parece necesaria dicha medida en este momento que atraviesa la Argentina.
Comenta que dicha medida responde a la “consecuencia lógica de respetar mandato popular”. Señala que el presidente Alberto Fernández, a través de esta medida, se compromete a aquello que enunció durante la campaña: “dar batalla al hambre y que la producción y el trabajo nacional sean los ejes principales para recuperar el país.”
Explica las condiciones en las que se tomó dicha decisión de intervenir la empresa Vicentín, líder en la producción alimentaria. “Es un grupo empresario muy poderoso en Argentina, que factura cerca de 25 mil millones de dólares al año, que interviene activamente en exportación de granos”. Hace referencia a la gran concentración económica de las empresas que comercializan alimentos y los exportan: “es un mercado altisimamente concentrado, cuatro empresas comercializan casi el 78% y Vicentin llega al 10%”.
Además, señala, la situación de Vicentín afecta a los intereses argentinos en diversos sentidos: “los principales acreedores son bancos públicos”, dice Eduardo. También porque afecta a los y las trabajadoras “ya había suspendido algunas firmas”, y a los productores nacionales: “más de 2600 productores no están cobrando desde la cesación de pago, dentro de ellos hay cooperativas.”
En este sentido se vuelve una decisión clave para salvar a la producción y al trabajo, siendo esta “una decisión inteligente valiente y consecuente con lo que se ha planteado en el país”, fundamenta el diputado. De hecho, los y las trabajadoras de la firma apoyan dicha medida al igual que los pequeños y medianos productores, plantea.
Comenta también la oportunidad que representa de poder investigar las cadenas de valor de los alimentos para controlar el precio de los mismos, clave para el desarrollo de políticas públicas que avancen en el anhelo de soberanía alimentaria de la Argentina y su inserción en el nuevo mundo.
Representa también, un avance en la democratización de la administración, ya que “el rescate lo hace el estado, pero la dirección no quedará en manos de funcionarios políticos, sino de funcionarios idóneos con la posible participación del sector cooperativo.”
La expropiación será discutida en el ámbito que la democracia ofrece para la toma de este tipo de decisiones: el Congreso de la Nación Argentina. En relación a esto, Eduardo comenta desde Córdoba: “Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para contar con la mayoría de votos en el congreso. Pero queremos también el debate, medir la justeza de la medida lo acertado y la necesidad de la misma.”
Sobre esto, quienes se oponen, señala, no ofrecen propuestas alternativas. Sino que reflejan dos modelos de país diferentes, lo que es algo profundamente ideológico, dice. Un modelo que apunta a redistribuir las grandes riquezas, a democratizar la producción y comercialización de alimentos frente a otro muy distinto: “el gobierno que apoyaron los últimos cuatro años que tuvo la fuga de capitales más grande en el menor tiempo y que provocó la destrucción de más de 25 mil empresas y más de 200 mil puestos de trabajo.”
Concluye: “para que el estado juegue un rol activo en la defensa de la producción nacional no hay cosa más justa que está.”
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