En vísperas de un nuevo 7 de agosto, Día de San Cayetano, los movimientos populares de Argentina, representados por referentes como Marcos Galán del Movimiento Carlos Mugica, denuncian un «industricidio» y una gran pérdida de conquistas bajo el actual gobierno, mientras instan a la sociedad a la reflexión y la acción para defender los derechos laborales y sociales.
El panorama de la economía popular en Argentina se presenta desafiante en el contexto del próximo Día de San Cayetano, fecha emblemática de la lucha por «Pan y Trabajo». Marcos Galán, director de Radio La Ranchada y presidente de la Mutual Mugica, subraya un momento de grandes pérdidas y retrocesos tanto materiales como simbólicas para el movimiento popular.
Históricamente, desde la primera marcha de San Cayetano en 2016, impulsada en parte por la palabra del Papa Francisco, y la marcha federal de 2018, se buscó poner en agenda la economía popular a nivel nacional y local, logrando conquistas como la ley de salario social complementario en 2016.
Sin embargo, el gobierno actual ha desmantelado logros previos, como la liquidación del programa Potenciar Trabajo y el desconocimiento del trabajo autogestivo –que incluye tareas de cuidado, alimentación, servicios comunitarios, reciclado, así como el trabajo de las mujeres en sus hogares y diversos oficios– como trabajo formal.
Galán enfatiza que de los 24 millones de personas económicamente activas en Argentina, casi 9 millones dependen de «changas» o trabajos irregulares, lo que ha llevado a una masiva incorporación al mundo laboral, incluso de jóvenes a edades tempranas, evidenciado por el abandono escolar. Esto impulsa la discusión sobre la necesidad de un ingreso ciudadano o un salario social universal, así como un sistema de seguridad social integrado.
Frente a esta coyuntura, los movimientos populares, aunque enfrentan un pesimismo por los retrocesos, buscan nuevas estrategias y herramientas de organización. En Córdoba, se ha fortalecido la Mesa de Emergencia Alimentaria y se impulsa una agenda local para que el Estado contrate el 5% de su presupuesto a unidades productivas de la economía popular y para la creación de un programa de trabajo autogestivo. También se exploran diálogos con el sector privado para construir cadenas de valor y se promueve un sistema de seguridad social integrado que defienda a los millones de trabajadores sin patrón.
«La reflexión de cara al 7 de agosto no solo se centra en el reclamo económico, sino también en el rol del Estado como garante de derechos y la importancia de la justicia social» afirma Galán. Se hace un llamado a la sociedad a transformar la desilusión en un acto activo para poner límite al gobierno nacional, evitando que avance en la quita de más conquistas en salud, educación y derechos laborales. «El desafío es proteger el trabajo nacional frente a las importaciones indiscriminadas que ponen en riesgo 400.000 puestos de trabajo privados, y garantizar la inclusión de quienes construyen su sustento desde la economía popular» concluyó el referente popular en comunicación con «Las Tres T».
