Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que 2.866.000 personas perdieron al menos una política de la que eran destinatarias, quedando apenas 4 de 50 iniciativas nacionales enfocadas en transferencias directas de ingresos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha publicado un contundente informe que detalla la drástica reducción de las políticas de cuidado en Argentina desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Según Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo 4 continúan vigentes, representando apenas el 8% del total.
Las medidas que persisten están mayormente vinculadas a transferencias directas de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Sin embargo, a pesar de que la AUH ha tenido un incremento en su valor, aseguran desde CELS que este modelo «resulta sumamente insuficiente para cubrir las demandas de cuidados en las familias y refuerza un modelo de individualismo».
El informe subraya que esta situación ha impactado directamente a 2.866.000 personas, quienes perdieron al menos una política de la que eran destinatarias. Entre los colectivos más afectados se encuentran los adultos mayores, quienes ahora deben elegir entre comer o medicarse.
Además, se destaca que, sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores con medicamentos cubiertos por PAMI se redujo significativamente, de 4,6 millones a 3,8 millones.
Las personas con discapacidad también sufren las consecuencias de estas políticas, enfrentando más trámites y menos prestaciones. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha experimentado un recorte presupuestario desde diciembre de 2023. El porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad creció del 40% al 75%, y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes, a menudo sin mucha fundamentación.
Por otra parte, el CELS menciona que se ha afectado la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, ya que se desfinancian las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil y se desmantelan las políticas de educación sexual, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los métodos anticonceptivos, lo que a largo plazo reproduce desigualdad.
En el ámbito laboral, se han dejado de lado todas las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. Esto incluye el cupo travesti-trans, que ya no se encuentra vigente, y las trabajadoras de casas particulares que no reciben aumentos desde enero. La situación de las mujeres rurales, que se encuentran en emergencia, también es considerada muy grave.
En este link Informe Completo.
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