En su habitual conferencia de prensa del miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno degradará la Secretaría de Derechos Humanos a una Subsecretaría, en el marco del ajuste fiscal que impulsa la administración de Javier Milei. La medida, según expresó, implica la eliminación del 40% de la estructura orgánica y el despido del 30% del personal, lo que representaría un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales.
Adorni justificó la decisión afirmando que ahora la dependencia “se va a encargar de garantizar todos los Derechos Humanos y no de defender un sector ideológico partidario”. La decisión, sin embargo, desató un fuerte rechazo por parte de organismos gremiales y de derechos humanos, que ven en esta medida un nuevo avance sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Recortes en una política clave
El anuncio se enmarca en el recorte generalizado del Estado nacional. Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, informaron mediante un comunicado en redes sociales que 405 trabajadores fueron despedidos, lo que representa el 44% del personal recibido a comienzos de la gestión.
Además, detallaron que el 50% del personal jerárquico y de las direcciones de la ex Secretaría también será recortado. En la misma línea, se anunció la unificación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, que pasarán a ser unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Pese a la magnitud de los cambios, los anuncios no fueron acompañados por los decretos ni resoluciones correspondientes, por lo que se espera su publicación oficial en el Boletín Oficial en los próximos días.
Una política sostenida en despidos
Desde octubre de 2024, el área de Derechos Humanos ya había sido blanco de recortes y despidos masivos. Según estimaciones gremiales, una tercera parte del personal fue desvinculada en menos de un año. En muchos casos, los trabajadores fueron presionados a aceptar retiros “voluntarios” bajo amenaza de despido sin indemnización.
Estas acciones se suman a decisiones previas como la suspensión de los fondos para el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, informada el mes pasado por el propio ministro Cúneo Libarona. En ese caso, el argumento fue el inicio de una auditoría y la falta de “rendición transparente de las cuentas”.
Fuerte rechazo de ATE
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), repudiaron en duros términos el vaciamiento del área. La secretaria de Derechos Humanos del gremio, Valeria Taramasco, cuestionó el recorte con una comparación directa:
“Con esta medida, la administración pública se ahorrará 9.000 millones de pesos por año. Esa cifra es la que ya gastó Patricia Bullrich en tan solo cuatro meses para organizar sus operativos de represión a jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles”.
Además, sostuvo que el Gobierno puede “continuar con sus políticas negacionistas”, pero que “no va a poder degradar el arraigado compromiso del pueblo argentino con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”.
ATE también llamó a la sociedad a mantenerse en estado de alerta frente a lo que consideran un avasallamiento a las libertades democráticas y al derecho a la expresión. En un comunicado, remarcaron las similitudes entre el modelo económico actual y el impulsado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar, advirtiendo sobre los riesgos de desmantelar las políticas de derechos humanos.
Una política en retroceso
El anuncio de Adorni se suma a una serie de medidas que reducen la estructura y el alcance de las políticas públicas vinculadas a los derechos humanos, consolidando una tendencia que los organismos especializados ven con extrema preocupación.
En ese sentido, diversos sectores advierten que no se trata solamente de un ajuste administrativo, sino de un cambio profundo de paradigma respecto al rol del Estado en la defensa y promoción de los derechos humanos. Mientras tanto, crecen las voces que reclaman la reactivación de los programas históricos y la reversión de las medidas regresivas que afectan a un área clave para la democracia argentina.
