Nos comunicamos con Silvia Quevedo, dirigente de Barrios de Pie – UTEP en Córdoba. Conversamos sobre la agenda de la economía popular en articulación con los gobiernos municipal, provincial y nacional para reactivar la economía popular.
El pasado martes, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo firmó cinco convenios con el gobernador Juan Schiaretti que apuntan a la inclusión socioproductiva en esa provincia por un monto total de más de 313 millones de pesos para poner en marcha el programa Potenciar Trabajo en Córdoba.
Sobre esto, Silvia plantea que representa una posibilidad de empezar a generar el trabajo pendiente de los movimientos populares. Sugiere que surge también después de la primer experiencia de reparación de escuelas, que genero una mirada muy positiva sobre el sector.
“Nuestros compañeros y compañeras quedaron muy contentos y orgullosos de realizar su trabajo en las escuelas y esta experiencia se trasladó a nivel nacional.”
Comenta que es producto además de la visibilización de las condiciones concretas del sector, a raíz de la pandemia:
“La pandemia dejó en evidencia la deuda social e histórica con los sectores populares. Muchos medios se han enterado de cómo vive la gente. A esa normalidad no queremos volver”.
Remarcó la importancia de trabajar para construir una nueva normalidad, a través de la unidad del sector en la lucha por vidas dignas: “El país que soñamos es con tierra techo y trabajo.”
Es esta organización que se viene construyendo desde hace más de 20 años, la que ha posibilitado generar relaciones de confianza que hoy posibilitan su traducción en políticas públicas que garanticen más derechos e inclusión para los y las compañeras, plantea.
Reflexiona sobre la relevancia de pensar este momento de crisis y urgencia, como una oportunidad para replantear los modelos capitalistas y neoliberales que tanto sufrimiento han ocasionado en el pueblo.
“Hay que escribir el momento histórico que nos toca atravesar, con puño y letra de los que caminamos en el barro, y observarlo como una oportunidad a pesar de tanto sufrimiento.”
Para esto, comenta, es fundamental que el estado escuche las demandas de los movimientos populares y que se de la articulación de los sectores:
“El sector necesita de políticas públicas efectivas en función de los desarrollos de los movimientos poulares. Nosotros no somos enemigos del estado, creemos que hay que lograr el fortalecimiento del mismo, somos articuladores y aliados estratégicos del estado, porque no se puede solos, nadie puede solo”.
Y para salir de la crisis, señala, el trabajo se vuelve un eje central, por ser un ordenador de la vida y una estrategia que desde el sector supieron construir, que necesita de reconocimiento a través de este tipo de políticas que fortalezcan la organización del sector.
Hizo referencia también al Plan Nacional para accionar contra la violencia de género, presentado por el Gobierno Nacional. El mismo abarca no solo a las mujeres sino también a la población LGBTI+, priorizando tres cuestiones fundamentales: las violencias extremas –femicidios, travesticidios, transfemicidios–, la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y la dimensión cultural y estructural de la problemática, y tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos.
Sobre esto, la dirigente de Barrios de Pie señaló la importancia que implica un gobierno que escucha las demandas de las mujeres y diversidades que vienen exigiendo en las calles, en los comedores, en los trabajos y en las casas, el cese de las violencias y desigualdades vinculadas al género.
“En este contexto las mujeres han sido la primera línea, y el gobierno ha puesto el oído en una situación que venimos evidenciando las mujeres. Hay muertes de mujeres y hay situaciones de violencia terribles, por eso hay que trabajar y fortalecer espacios concretos donde desarrollan las actividades las mujeres.”
Señala la necesidad de seguir avanzando para garantizar el reconocimiento económico de los trabajos que las mujeres hacen en diversos ámbitos, y por eso se viene impulsando también la Ley Ramona que busca remunerar a quienes sostienen espacios comunitarios que dan de comer a muchísimas familias en los barrios populares.
Plantea: “Cuando se convierte en política pública, es por la visibilización que venimos llevando adelante y por eso nos sentimos parte de este gobierno.”
Podes escuchar esto y más en la siguiente entrevista: