Las principales centrales sindicales de Córdoba emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron con firmeza el proyecto de ley presentado por la legisladora Nadia Fernández (Hacemos Unidos por Córdoba), que busca regular el derecho a la protesta en la provincia. También cuestionaron las expresiones del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien se manifestó a favor de aplicar en Córdoba un protocolo similar al impulsado por Patricia Bullrich a nivel nacional.
El documento fue firmado por la CGT Córdoba, la CGT Regional Córdoba, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, y advierte que la Legislatura “no tiene la facultad para debatir y resolver sobre un derecho constitucional”.
Además, califican como “inadmisibles, antidemocráticas y anticonstitucionales” las declaraciones de Quinteros, y señalan que la protesta social es un derecho protegido tanto por la Constitución como por organismos internacionales de derechos humanos.
Protesta social y derechos fundamentales
En el comunicado, los gremios apelan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para respaldar su postura, destacando que los cortes de calles, manifestaciones y reuniones públicas son herramientas fundamentales para los sectores populares que no tienen acceso a los medios masivos.
También citan informes de relatores de la ONU, que incluyen huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas como formas legítimas del derecho a la protesta. “El derecho de reunión pacífica no debe interpretarse de forma restrictiva, ya que constituye un pilar fundamental de la democracia”, subrayan.
“La protesta amplifica las voces de los sectores marginados y permite expresar posiciones alternativas a los intereses políticos y económicos dominantes”, sostienen las organizaciones sindicales.
Críticas al contexto económico
Lejos de deslegitimar las manifestaciones, las centrales sindicales señalan que lo que impulsa a la gente a salir a la calle es el deterioro de las condiciones de vida:
“Salarios de hambre, derechos vulnerados, precarización laboral, pobreza y hambre, despidos, crisis en la salud y la educación, y pérdida de soberanía”.
En ese sentido, le reclaman al oficialismo provincial que, en lugar de impulsar restricciones al derecho a manifestarse, se ocupe de encontrar soluciones a la grave crisis económica y social que atraviesa Córdoba y el país.
El Cordobazo, olvidado
Finalmente, el comunicado sindical remarca una paradoja: tanto la legisladora Fernández como el ministro Quinteros ignoran la historia de lucha del movimiento obrero cordobés, al promover este tipo de normas.
“En la misma Unicameral se aprobó una ley que declara al Cordobazo como Día de las Luchas Populares y tema curricular. Pretender reprimir la protesta es desconocer esa memoria colectiva”, concluye el documento.
