La derogación de la Ley 26.160 trajo consigo la habilitación de desalojos sistemáticos contra comunidades indígenas. Tras el operativo en la Lof Pailako, El Resaltador dialogó con una integrante de la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche Tehuelche sobre la situación en el territorio.
*Por Agustina Bortolon para El Resaltador
El reciente operativo de desalojo a la Lof Pailako, en Chubut, que contó con un importante despliegue de recursos y la presencia de figuras como Patricia Bullrich, Cristian Larsen -presidente de la Administración de Parques Nacionales- y el gobernador de dicha provincia, Ignacio Torres, generó un intenso debate en torno a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina.
En diálogo con El Resaltador, Nora -integrante de la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche Tehuelche- expuso que, aunque al llegar al lugar no se encontraron miembros de la lof, esto no significa que el desalojo, como tal, no se haya concretado.
De acuerdo a su testimonio, los pu lamngen tuvieron que abandonar el territorio por temor a poner en riesgo sus vidas.
«Fue un desalojo, lo que no lograron fue la foto sometiendo a un lamngen. El circo no estuvo completo».
Nora, integrante de la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche Tehuelche
El operativo sobre la Lof Pailako ocurre en un contexto de creciente debilitamiento de las garantías legales hacia las comunidades indígenas.
La derogación de la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas) sancionada en 2006 y prorrogada en varias ocasiones hasta 2021, fue un duro golpe que allana el camino para que este tipo de operativos se multipliquen a lo largo y a lo ancho de todo el país.
La normativa suspendía los desalojos en tierras ocupadas por pueblos indígenas, ordenaba un relevamiento técnico de los territorios y creaba un fondo de asistencia.
Si bien la 26.160 fue letra muerta en muchos aspectos a causa de la inacción de los gobiernos nacionales y provinciales, su existencia había servido como un «paraguas legal» para frenar abusos por parte del Estado.
Particularmente en Chubut, la situación se profundizó con la aprobación de normas que vulneran derechos históricos.
La Legislatura provincial sancionó recientemente dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo que facilitan desalojos sin sentencias judiciales firmes. El Proyecto Nº 244/24 introduce la figura de «restitución inmediata de inmuebles», que permite desalojos apresurados sin respetar el debido proceso.
Por su parte, el Proyecto Nº 254/24 habilita la acción de desalojo sin distinguir entre ocupantes ilegítimos y comunidades indígenas con derechos territoriales legítimos, perpetuando el despojo histórico.
El panorama no es muy distinto en la provincia vecina de Río Negro. En octubre pasado, la Legislatura local aprobó un proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) en un tratamiento exprés que también ignoró la participación de los pueblos mapuche-tehuelche.
«El desalojo en Pailako puede ser la punta de lanza de otros que se avecinan»
Las comunidades afectadas advierten que estos desalojos en la Patagonia son solo el principio de una ofensiva mayor.
En la zona cordillerana de Chubut y Río Negro, y también en Neuquén, hay varias lof con órdenes de desalojo pendientes: Quemquemtrew, Buenuleo, Coronado Inalef y Paicil Antriao, entre otras. «El desalojo en Pailako puede ser la punta de lanza de otros que se avecinan», alertan.
Desde el punto de vista legal, el retroceso en la protección de los derechos territoriales también desafía compromisos constitucionales e internacionales asumidos por Argentina.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, el Convenio 169 de la OIT establece la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, la aplicación de estas normativas sigue siendo deficiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU también han expresado su preocupación. Recientemente, pueblos indígenas y organizaciones sociales solicitaron una reunión urgente con estas entidades, denunciando que Argentina está al borde de una crisis institucional y territorial debido a los desalojos inminentes y la derogación de protecciones legales para avanzar con proyectos extractivos.
El reclamo de las comunidades y organizaciones es claro: exigen, ni más ni menos, la protección urgente de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento efectivo de las normativas nacionales e internacionales.
Frente a un escenario de exclusión y despojo sistemático, la lucha por la dignidad y el reconocimiento histórico de estos pueblos sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado argentino.