El Gobierno de Tierra del Fuego salió a cuestionar con dureza la decisión del Ejecutivo nacional de intervenir el puerto de Ushuaia y sostuvo que la medida carece de fundamentos técnicos o administrativos. A través de un comunicado oficial, la Provincia afirmó que la terminal funciona con normalidad, registra niveles récord de actividad y constituye un eje clave para el desarrollo económico y logístico de la región.
Según expresaron desde la administración fueguina, el acto administrativo dictado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) presenta inconsistencias internas, ya que primero inhabilita la operatoria de la terminal y, en artículos posteriores, deja sin efecto esa misma restricción. Para el Gobierno provincial, esa contradicción debilita la justificación formal de la intervención.
En contraposición con los argumentos expuestos por Nación, la Provincia destacó que el puerto atraviesa una de sus mejores temporadas. De acuerdo con los datos difundidos, se prevén más de 525 recaladas de cruceros y buques durante el actual ciclo turístico, además de un flujo sostenido de embarcaciones comerciales y de pasajeros.
El comunicado remarcó que en las últimas semanas se alcanzaron marcas históricas de movimiento: en apenas 24 horas se atendieron 16 barcos de bandera internacional y más de 30 a lo largo de una semana. En ese lapso, pasaron por la terminal más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes, cifras que —según la Provincia— reflejan la confianza de los operadores internacionales y la eficiencia operativa del puerto.
Las autoridades también hicieron hincapié en las inversiones recientes realizadas en infraestructura y servicios, que permitieron mejorar la capacidad logística y la atención simultánea de grandes buques. Desde el Gobierno fueguino sostienen que estos avances contradicen cualquier argumento vinculado a deficiencias estructurales o de gestión.
Más allá de los aspectos técnicos, el texto oficial planteó inquietudes sobre posibles motivaciones políticas o estratégicas detrás de la intervención. En ese sentido, advirtió que se estarían instalando interpretaciones relacionadas con intereses geopolíticos o económicos que, a criterio de la Provincia, no se condicen con la realidad operativa de la terminal marítima.
“La intervención no tiene respaldo en informes concretos”, insistieron, al tiempo que señalaron que los funcionarios designados no habrían presentado documentación detallada sobre el alcance de la medida ni sobre los motivos que la originaron.
En paralelo, el Gobierno fueguino confirmó que abrió canales de diálogo con las máximas autoridades nacionales para exigir explicaciones y buscar una salida rápida al conflicto. Sin embargo, aclaró que también evalúa avanzar por la vía judicial para resguardar sus competencias y la continuidad de la actividad portuaria.
