Más de 20 trabajadoras de las agencias territoriales de Córdoba y Rio Cuarto del Ministerio de Trabajo de la Nación denuncian la revictimización y vulneración a la que se ven expuestas todos los días desde el 1 de agosto, cuando empezaron a compartir las instalaciones con un trabajador denunciado por violencia física y acoso en 2015.
Las trabajadoras exigen que la persona sea reubicada en otra sede y solicitan cambios que introduzcan la perspectiva de género en todos los convenios colectivos de trabajo (CCT) del país. Además, reclaman acompañamiento de las conducciones regionales y nacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
María Sotti, ex delegada de ATE, actual secretaria de Actas y directora del Departamento de Géneros y Diversidades del CDP-ATE Córdoba, contó en Radio Comunitaria El Brote que las autoridades locales lograron reubicar al denunciado en otro espacio físico “que se supondría que no tendría contacto con el conjunto de los trabajadores”. Sin embargo, “un montón de compañeras que fueron afectadas y otras que no han sido violentadas, se cruzan a diario con esta persona”.
“No estamos contando con ningún protocolo para que víctimas y victimarios no estemos en el mismo espacio físico, cuando existe el Ministerio de Trabajo, el órgano ejecutor del Convenio 190 de la OIT, que expresa justamente la erradicación de la violencia y el acoso laboral. Resulta paradójico que tengamos esta situación en el Ministerio de Trabajo, sede Córdoba”, opinó la dirigente sindical.
En diciembre del año pasado, el Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190* de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, bajo la ley N°27.580. La norma reconoce a las mujeres como las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La misma se aplica en ámbitos públicos y privados sin importar la clase de relación contractual laboral y proporciona un marco claro para la adopción de medidas que puedan forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
Al respecto, Scotti señaló que si bien existe la normativa en el país, “claramente la efectivización de eso y el armado de protocolos hacia el interior de las instituciones dista mucho de lo que se promulga en las cuestiones discursivas”.
Además, indicó que los CCT “carecen de perspectiva de género y, en ese sentido, quedamos desprotegidas las trabajadoras ante la presentaciones administrativas y legales que hemos hecho”. En ese sentido, expuso que fueron rechazadas las acusaciones “porque nos alegan que rige el principio de inocencia y del debido proceso, cuando “no pueden conectar” este antecedente que tuvo la persona cuando ejercía la función pública, por más que se archivó”.
“Hoy el Estado está fallando. El Estado es quien a través de estas grietas que todavía no se salvan, hace que los machismos y los pactos patriarcales de las instituciones no permitan el avance de las normativas vigentes en el país”, agregó.
Las trabajoras, unidas en asambleas, piden una audiencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
«Entendemos que la salida política es la que nos queda, agotadas las vías administrativas y legales. Creemos en el poder y en un gobierno progresista que falle a favor de las trabajadoras y que podamos avanzar en una reforma del convenio colectivo de trabajo, que tenga perspectiva de género, que tenga un protocolo que permita accionar en estos casos”, concluyó Scotti.
Via FARCO- EL BROTE FM