En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, Rodolfo Pérez, de la Fundación La Alameda, alertó sobre la grave situación de la trata de personas en Argentina, un delito que definió como «la explotación del ser humano para la acumulación de capitales». Pérez subrayó que, aunque el término es reciente, la práctica es tan antigua como la humanidad misma.
Argentina fue pionera en la lucha contra este flagelo con la sanción de la Ley Palacios en 1913, la primera norma a nivel mundial sobre el tema, que originalmente se conocía como «trata de blancas». Desde entonces, el país ha avanzado con leyes clave como la del 2008 y su modificación en 2012, que eliminó la figura del «consentimiento» de la víctima y amplió la protección para que no puedan ser juzgadas por otros delitos cometidos mientras eran explotadas. Esta última reforma también definió modalidades como la trata sexual, laboral y la explotación infantil, y creó organismos como el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.
Sin embargo, Pérez denunció en comunicación con La Ranchada que; «el gobierno actual ha desmantelado todas las políticas públicas en prevención del delito y en asistencia a las víctimas». Un ejemplo crítico es la línea de denuncias 145, que ha reducido su personal de 140 a menos de 40 operadores, dificultando la atención a quienes buscan ayuda. Esta situación agrava la vulnerabilidad de las víctimas, que a menudo provienen de provincias empobrecidas como Salta y Jujuy.
El experto también destacó la existencia de otras modalidades de trata que no están contempladas en la ley y que ocurren a la vista de todos. Entre ellas, mencionó la compra y venta de niños, una práctica antiquísima y naturalizada en zonas vulnerables, y la subrogación de vientres, que describió como «alquilar un cuerpo para obtener un niño». Pérez criticó la falta de marco normativo para estos delitos, lo que impide su persecución y condena. «Hay más de 400 proyectos de ley sobre la penalización del delito de compra de venta durmiendo en los pasillos del poder legislativo nacional», señaló Pérez, evidenciando la inacción política.
Asimismo, alertó sobre el crecimiento de la trata en el mundo virtual a través del grooming, la venta de contenido erótico y otras formas de explotación que se multiplican en la red sin que exista una legislación adecuada para proteger a las víctimas. También se refirió a la captación de personas con problemas de consumo por parte de redes de narcomenudeo, quienes son obligadas a cometer otros delitos para mantener su adicción.
Finalmente, Pérez recordó que la lucha contra la trata es una responsabilidad colectiva y que no se puede combatir el crimen organizado con un estado ausente. Hizo un llamado a no olvidar casos emblemáticos como los de Loan Peña y Lian Flores, niños que continúan desaparecidos.