El Gobierno de Córdoba y la dirigencia de la UEPC mantuvieron este lunes un encuentro en El Panal en medio de una agenda cargada de reclamos salariales y pendientes históricos en el sector docente. La reunión se dio en un contexto económico adverso y con creciente malestar entre trabajadores activos y jubilados de la educación, que llevan meses señalando la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y los ajustes que llegan desde la Nación.
Al finalizar la instancia de diálogo, el secretario general del gremio, Roberto Cristalli, sostuvo que se insistió en la necesidad de una mejora económica real para cerrar el año de manera menos traumática. En concreto, los representantes sindicales solicitaron a la Provincia estudiar la posibilidad de otorgar un adicional extraordinario que alcance a todo el personal estatal, una especie de bono que permita paliar el golpe que sufren los salarios frente a la suba sostenida de los precios. La expectativa es obtener una respuesta antes del receso de fin de año, ya que los docentes advierten que el escenario de noviembre y diciembre puede ser especialmente crítico en los hogares.
Otro de los puntos que tensiona la relación entre el gremio y la administración de Martín Llaryora es el diferimiento jubilatorio, una medida que viene siendo repudiada desde hace años por el sector pasivo. Cristalli explicó que el Gobierno transmitió que cualquier avance dependerá del resultado de una audiencia clave que la Provincia tendrá próximamente ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que exista una resolución judicial, no habría definiciones concretas. Ese mensaje cayó con sabor amargo entre los jubilados, que sienten que vuelven a quedar postergados mientras continúan cobrando haberes recortados bajo el argumento del equilibrio fiscal.
Más allá de estos temas estructurales, la reunión arrojó un avance puntual: se reconoció una compensación para los vocales de la Junta de Disciplina en todos los niveles educativos. Se trata de un pedido histórico de la UEPC que finalmente recibió respuesta favorable. En el gremio valoran este gesto, aunque aclaran que es insuficiente frente a la magnitud de los reclamos generales.
La reactivación del diálogo se produce en un escenario de profundo desgaste para el sistema educativo cordobés. Los maestros denuncian aulas desbordadas, falta de recursos, salarios congelados durante meses y un Estado provincial que, según sostienen, administra la crisis con parches mientras el Gobierno nacional sigue recortando transferencias y desfinanciando políticas educativas. La combinación de inflación más ajuste coloca a las familias docentes ante decisiones difíciles: postergar gastos de salud, suspender actividades extraescolares para sus hijos o endeudarse con créditos de consumo para llegar a fin de mes.
Desde la UEPC advierten que el conflicto puede derivar en medidas de fuerza si no se avanza en un alivio real. Aseguran que ya no alcanza con sentarse a hablar cada dos o tres semanas: exigen respuestas concretas, fechas y decisiones políticas que sean palpables en los bolsillos. El gremio también puso sobre la mesa el impacto de las políticas nacionales de recorte, a las que acusan de agravar la situación en provincias como Córdoba, que dependen de fondos coparticipables y programas federales para sostener infraestructura y programas socioeducativos.
