El sistema de alcaidías pensado para recibir detenciones de hasta 48 horas, para vaciar las comisarías, ahora recibe los detenidos por causas nacionales y federales que buscan aliviar el hacinamiento de sus espacios, y deriva las detenciones originales a los antiguos calabozos porteños. El Ministerio Público de la Defensa presento un habeas corpus que aceptó el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 3 porteño.
La justicia porteña hizo lugar a un habeas corpus preventivo, presentado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), para revertir la vulneración de derechos que se observó en las comisarías de la Policía de la Ciudad en las últimas semanas de la pandemia de covid-19. Las restricciones de ingresos al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el coronavirus y la convivencia de los fueros federal, nacional y porteño en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires generó la reapertura de los calabozos de las comisarías porteñas, sin condiciones de detención, para alojar a las personas demoradas por casos de flagrancia.
Según la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad del MPD, en el inicio del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, el sistema de alcaldías de la Policía de la Ciudad contenía el 90% de las detenciones ordenadas por el sistema de justicia porteño y no se contaba con detenidos en comisarías. Para la primera quincena de junio, la situación se había revertido completamente: el 89% de los detenidos habían vuelto a ser alojado en comisarías.
«Lo que está ocurriendo es una situación regresiva en términos de condiciones de detención, ya que el sistema de alcaldías significó una mejora en términos de derechos», advirtió la defensora adjunta del Fuero Penal y Contravencional porteño, Marcela Millán, quien presentó junto al defensor general Horacio Corti el habeas corpus aceptado el lunes pasado por el Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere.
Los calabozos de las 53 comisarías porteñas habían quedado en desuso con la inauguración de un sistema de 12 alcaldías –con médicos legistas, celdas individuales, colchones y servicio de comida– a dónde se derivaban a las personas para el inicio de un proceso penal en el marco de la justicia porteña y se lo debe liberar en menos de 48 horas.
Sin embargo, en el marco de la pandemia, ese sistema de alcaldías fue utilizado para alojar a las personas con condena o con prisión preventiva con causas abiertas en los fueros nacional y federal, que hasta marzo eran derivados a las Unidades 28 (en Tribunales) y 29 (en Comodoro Py) y luego a las cárceles federales. Todos esas unidades entraron en un estricto protocolo por el coronavirus.
«Eso generó un cuello de botella con las detenciones que se fue agravando desde el inicio del aislamiento y durante el mes de junio se terminó de agravar», indicó Millán y apuntó la paradoja de la pandemia: la reapertura de los calobozos de las comisarías se transformó en un potencial foco de contagio, lo que se pretendía evitar a nivel federal. Cuchetas de cemento, falta de calefacción, duchas y servicio de comida son las condiciones que enfrentan las personas demoradas en los calobozos reabiertos.
Causas por daños, amenazas o tenencia de estupefacientes, en su mayoría con penas bajas, en su mayoría personas de bajos recursos, son las que ocurren en las detenciones por flagrancia en el ámbito de la justicia porteña. «La Defensoría debía intervenir para evitar focos de contagios y riesgos ante condiciones indignas. La mayoría de las personas detenidas en situación de flagrancia en la Ciudad solicitan la defensa pública y si no nos ocupamos nosotros, no se ocupa nadie», advirtió Millán.
El abarrotamiento de las alcaldías por los detenidos del sistema federal y nacional provoca también otro peligro de contagio: detenidos que son trasladados a una comisaría, luego a una oficina de la fiscalía y luego pueden esperar, hasta en un patrullero, por 10 horas hasta que son alojados.
Durante el aislamiento, la demora en conseguir un lugar de alojamiento pasó de 4 horas a 12; mientras que los tiempos de detención pasaron de 16 horas a 22 horas, en promedio. También se incrementaron las detenciones debido a los casos abiertos por violación de cuarentena, alcanzado un pico de 258 detenciones, en las que intervino el MPD, en la primer quincena de mayo.
En ese contexto, el Juzgado PCyF N°3 hizo lugar el lunes al habeas corpus preventivo y fijo una mesa de trabajo en la que estarán presentes el MPD y la fiscalía porteña, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de la Ciudad y los ministerios de Salud de la Ciudad y Nación. La justicia fijó reuniones conjuntas cada 15 días y un plazo de resolución de 60 días, mientras que exigió limitar al mínimo los tiempos de detención y las garantías mínimas de alojamiento.
«Hay una deuda que el gobierno porteño tiene con la Justicia de la Ciudad, porque se traspasaron competencias penales, pero lo que no estuvo en la agenda política del gobierno fue la creación de una cárcel local ni un servicio penitenciario de la Ciudad ni una ley de Ejecución. Eso permitiría tener las herramientas necesarias sin depender del Servicio Penitenciario Federal», concluyó Millán.
Fuente:Pagina 12