El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrado en Rosario, puso en el centro de la agenda la necesidad de contar con una ley de presupuesto anual que asegure el funcionamiento, la transparencia y la continuidad de todas las políticas públicas en la Argentina. En ese marco, los rectores aprobaron una declaración en la que remarcaron que sin un presupuesto estable es imposible sostener las acciones que el país requiere, particularmente en materia de educación superior.
El CIN definió solicitar para el año 2026 un presupuesto universitario de 7,3 billones de pesos. Esta cifra actualiza y anualiza las partidas que habían sido establecidas en la Ley de Presupuesto 2023, bajo los criterios de la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Universitario. El cálculo contempla gastos de personal, funcionamiento y programas, aunque todavía no incluye previsiones por inflación ni actualizaciones salariales para lo que resta de 2025. Tampoco incorpora recursos específicos destinados a ciencia, técnica, arte, infraestructura ni becas estudiantiles, por lo que estos reclamos seguirán en la agenda de negociaciones con el Gobierno nacional.
“Somos conscientes de las restricciones fiscales, pero también de la necesidad de garantizar la continuidad de las múltiples actividades universitarias”, afirmó Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN. Por su parte, Oscar Alpa, presidente del organismo, advirtió que un eventual veto a la Ley de Financiamiento Universitario derivará en una nueva movilización nacional en defensa de la educación pública.
Durante la apertura del encuentro, las autoridades universitarias fueron recibidas por la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y por funcionarios locales, quienes respaldaron el reclamo de las universidades. También participaron legisladores nacionales como Mónica Fein y Germán Martínez, quienes coincidieron en la importancia de sostener la ley aprobada en el Congreso. En paralelo, el plenario emitió una declaración sobre la crítica situación que atraviesan las obras sociales universitarias, golpeadas por el desfinanciamiento y el aumento de costos en el sistema de salud.
El encuentro en Rosario coincidió con la realización del 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que reunió a más de 3.000 docentes, investigadores y estudiantes de todo el país. Allí se presentaron más de 1.200 trabajos y experiencias innovadoras, con el objetivo de debatir el futuro de la educación superior frente a los desafíos económicos, tecnológicos y sociales que atraviesa la Argentina.
En ese contexto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, reiteró la decisión de convocar a una Marcha Federal universitaria hacia el Congreso de la Nación durante el mes de septiembre. Según adelantó, la protesta se realizará con el apoyo del frente sindical docente, no docente y estudiantil, y podría llevarse a cabo entre el 17 y el 24 de ese mes.
“Llevamos dos años con un presupuesto prorrogado. Eso significa que el Gobierno nacional distribuye los recursos de manera discrecional y siempre por debajo de la inflación. Esto ha provocado un deterioro de los salarios universitarios que supera el 35% y afecta directamente la calidad de las instituciones”, explicó Boretto. El titular de la UNC también se refirió a la importancia de la transparencia en el manejo de lo público, en relación con la reciente denuncia de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a la hermana del presidente Javier Milei. “La sociedad debe exigir transparencia en los actos de gobierno, porque se trata de recursos que pertenecen a todos los argentinos”, remarcó.
La declaración final del CIN no solo subrayó la urgencia de aprobar un presupuesto universitario realista para 2026, sino que también advirtió sobre las consecuencias de seguir funcionando bajo prórrogas presupuestarias que profundizan el ahogo financiero de las instituciones. En este sentido, las autoridades universitarias dejaron en claro que la movilización prevista para septiembre será una señal contundente en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
