La decisión del municipio de Villa Allende de avanzar con el cierre nocturno de calles en varios barrios de la ciudad continúa generando un fuerte rechazo vecinal y ahora sumó un nuevo capítulo judicial. Más de 120 habitantes de nueve barrios presentarán una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba para que se revierta el fallo que avaló la medida impulsada por la gestión del intendente Pablo Cornet (PRO).
La acción judicial surge luego de que, el pasado 30 de diciembre, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación rechazara un amparo colectivo presentado por vecinos de los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. En ese fallo, el tribunal consideró que el cerramiento de calles no vulnera derechos constitucionales, más allá del desacuerdo expresado por los vecinos con la política de seguridad adoptada por el Ejecutivo municipal.
Sin embargo, quienes se oponen a la iniciativa sostienen que la medida afecta la libertad de circulación, genera riesgos ante emergencias médicas o situaciones urgentes y carece de evidencia que demuestre su efectividad para reducir el delito. Por ese motivo, anunciaron que insistirán con la apelación el próximo 2 de febrero, con el patrocinio del abogado Hugo Yagüe, y solicitarán una medida cautelar para suspender la implementación del programa.
Mientras el conflicto avanza en el plano judicial, el municipio confirmó que pondrá en marcha una prueba piloto del sistema de cerramientos durante los meses de febrero y marzo. El plan prevé el cierre de calles entre las 22 y las 6 horas, con la instalación inicial de 15 portones en sectores de Lomas Sur y Pan de Azúcar. En función de los resultados, la iniciativa podría extenderse a otros barrios como La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, alcanzando más de 30 accesos adicionales.
Los cierres forman parte del denominado “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, aprobado mediante la ordenanza 14/25. Además de los portones, el esquema incluye la colocación de cámaras de vigilancia y el refuerzo del sistema de monitoreo urbano.
Desde la organización vecinal cuestionaron duramente el fallo de la Cámara y lo calificaron como arbitrario. En un comunicado difundido tras una asamblea, denunciaron que el tribunal desestimó pruebas clave, entre ellas un petitorio con cerca de 3.000 firmas presentadas ante el municipio en rechazo al cierre de calles, que fueron incorporadas al expediente judicial.
También criticaron el Registro de Oposición impulsado por el Ejecutivo local, al que —según indicaron— solo acudieron 22 personas. Los vecinos explicaron que decidieron no participar para no convalidar un mecanismo que consideran antidemocrático y discriminatorio, ya que restringe la participación a propietarios o inquilinos con autorización formal del dueño del inmueble, excluyendo a numerosos residentes.
Otro de los puntos señalados es la falta de antecedentes positivos en el país. Como ejemplo, mencionaron la experiencia de Guaymallén, en Mendoza, donde el cierre de calles públicas no logró reducir los índices delictivos y derivó en conflictos entre vecinos y autoridades.
A pesar del rechazo al cerramiento, los vecinos aclararon que no se oponen a la totalidad del programa de seguridad. Manifestaron su apoyo a medidas como el uso de cámaras y un mayor patrullaje, pero insistieron en que el cierre de calles es un “experimento fallido” que no fue debidamente consensuado.
En paralelo a la vía judicial, los vecinos autoconvocados anunciaron la realización de una charla-debate abierta con el especialista en Seguridad Ciudadana Jorge Jofre, de la Universidad Blas Pascal, y una campaña de recaudación de fondos para afrontar los costos legales del amparo y sostener las actividades informativas en la ciudad.
