“De mil delitos o causas, solo uno es cometido por un menor de 16”, explicó Silof, y remarcó que “ya existen medidas para los menores no punibles, incluso sin necesidad de privarlos de su libertad”. Según detalló, hoy en Córdoba hay adolescentes menores de 16 alojados en el Complejo Esperanza, lo que demuestra que el sistema penal juvenil ya actúa sobre ellos.
Para Silof, el proyecto busca más bien “criminalizar la juventud”, sobre todo en sectores populares. “Es una política de control social. Si la cárcel no funciona con adultos, menos va a funcionar con niños”, sostuvo. En ese sentido, expresó su preocupación por la lógica punitiva que va ganando terreno en la sociedad: “Hoy la quieren bajar a 14, y en unos años capaz a 12. Así vamos retrocediendo en derechos humanos”.
La penalista hizo especial hincapié en la necesidad de trabajar con medidas preventivas y de reparación. “Hay protocolos en la justicia penal juvenil que apuntan a la mediación, a la reflexión y al trabajo con ese joven. Pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad”, afirmó, y recordó que Argentina es parte de tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño.
“Lo que debería darnos miedo es el retroceso en materia de derechos. A eso hay que tenerle terror, no a los niños que están en situación de exclusión”, concluyó.
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