En diálogo con Radio La Ranchada, la representante de Defendamos Córdoba, Marta Lastra, valoró la decisión judicial y aseguró que “es un paso muy importante para la familia de la discapacidad”. Según explicó, el fallo obliga al Poder Ejecutivo “a cumplir con la ley que ya ha sido tratada el año pasado” y con resoluciones judiciales previas que, afirmó, “viene incumpliendo o dilatando”.
Lastra señaló que la situación afecta especialmente a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas que hoy atraviesan demoras o interrupciones en el pago de prestaciones esenciales. “En muchos casos no se ha pagado noviembre, diciembre u octubre del año pasado. Hoy ven en peligro la continuidad de las prestaciones y hay personas institucionalizadas que no tienen otro lugar donde vivir”, advirtió.
La acción judicial fue presentada de manera colectiva junto a los abogados José Roque y Diego Bustos. La representante de Defendamos Córdoba explicó que la decisión judicial tendrá alcance nacional y beneficiará a todas las personas titulares de pensiones no contributivas con prestaciones suspendidas. “Estamos hablando de aproximadamente 700 mil personas en todo el país. Este es el primer amparo colectivo de este tipo y cualquier reclamo similar deberá remitirse a este juzgado de Córdoba”, detalló.
Además, destacó el acompañamiento de instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad, así como el apoyo político recibido para avanzar con la presentación judicial. “Asusta enfrentarse al Estado Nacional, pero nos sentimos acompañados por las instituciones que conforman la familia de la discapacidad”, expresó.
Lastra también remarcó el impacto social que podría generar la continuidad de la crisis en el sistema de prestaciones. “Si las pensiones se suspenden y los prestadores dejan de recibir dinero, el sistema público de salud de las provincias va a explotar”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que muchas personas con discapacidad no cuentan con recursos para acceder a dispositivos privados o residencias particulares, por lo que quedarían completamente desprotegidas. “Estamos hablando de personas con discapacidad y en situación de pobreza. Es la peor combinación para ser atacada”, afirmó.
La referente cuestionó además las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de discapacidad y denunció una “decisión política” detrás de los recortes y auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad. “Nos desayunamos hace unas semanas que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto titulado ‘contra el fraude de las pensiones no contributivas’, atacando nuevamente a quienes reciben una pensión y destruyendo el nomenclador”, señaló.
Finalmente, Lastra confirmó que el próximo paso será esperar el vencimiento de la cautelar y evaluar si el Estado cumple con la orden judicial. “Vamos a seguir trabajando e instando cada una de las partes para que este caso llegue a sentencia. La familia de la discapacidad no sabe bajar los brazos”, concluyó.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
