La dirigente del Partido Obrero, Cintia Frencia, pidió la expulsión del concejal Ricardo Moreno del Concejo Deliberante de Córdoba y cuestionó duramente su vínculo con Matías Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada días atrás.
Frencia sostuvo que la permanencia de Moreno en el cuerpo legislativo resulta incompatible con la función pública debido a su actuación como abogado defensor de Barrelier en una causa previa por violencia de género e intento de violación. “Entendemos que es incompatible no solamente la defensa de violentos y de violadores con la función pública, sino la defensa que ha hecho de este accionar por parte de este funcionario público”, expresó.
Según detalló, Barrelier fue incorporado como empleado municipal por el propio Moreno y permaneció detenido durante 20 días el año pasado por una causa de violencia de género. La dirigente afirmó que el actual concejal intervino como su abogado defensor y gestionó la fianza que permitió su liberación.
Además, señaló que la representación legal de Agostina fue asumida por profesionales vinculados al estudio jurídico de Moreno, situación que, a su entender, expone una trama de responsabilidades políticas alrededor del caso. “Es evidente que hay un encubrimiento del poder político desde el momento cero”, afirmó Frencia, quien vinculó al acusado con sectores del peronismo cordobés y organizaciones sindicales.
La referente del Partido Obrero sostuvo que el femicidio de Agostina refleja problemas estructurales en el funcionamiento del Estado y recordó otros casos que generaron conmoción pública en la provincia.
En ese marco, anunció que impulsarán la expulsión de Moreno del Concejo Deliberante mediante los mecanismos institucionales previstos en el reglamento interno del cuerpo. “Lo que corresponde es que presente la renuncia. No hace falta a esta altura del partido que tengamos que desarrollar un procedimiento administrativo”, sostuvo.
Frencia explicó que, en caso de que el concejal no abandone voluntariamente su banca, promoverán una cuestión de privilegio y las instancias administrativas y legales necesarias para avanzar con su apartamiento. “Si no lo hace vamos a establecer la cuestión de privilegio y todos los procedimientos administrativos y legales para que eso suceda”, concluyó.
El planteo de la dirigente se suma a otros reclamos impulsados por distintos sectores políticos y sociales, entre ellos el pedido de jury contra el fiscal Garzón y la solicitud de destitución del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en el marco de las repercusiones generadas por el caso.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
